En el autoproclamado «estado de libertad» del gobierno de Javier Milei, las familias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se enfrentan a una realidad cada vez más sofocante. Un reciente informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el Conicet, revela que en julio, los hogares promedio necesitarán más de 140.000 pesos para pagar las tarifas de servicios públicos.
La investigación señala que un hogar promedio del AMBA requerirá $142.645 para cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable durante este mes. Este alarmante incremento refleja un aumento del 374% respecto a diciembre de 2023, cuando el costo de la canasta total de servicios públicos era de $30.100. Estos números ponen de manifiesto la grave crisis que atraviesan las familias, desmintiendo la supuesta mejora en la calidad de vida que el gobierno de Milei prometió con su «estado de libertad».
La situación es insostenible para muchos hogares que, además de lidiar con el aumento de las tarifas, deben hacer frente a una inflación galopante y un estancamiento de los ingresos. Este escenario contradice los principios de libertad y bienestar económico que el gobierno de Milei promociona constantemente. La libertad pregonada por el mandatario se ha convertido en una carga pesada para la mayoría de las familias, que ven cómo sus ingresos se evaporan en el pago de servicios básicos.
La política de desregulación y eliminación de subsidios aplicada por el gobierno de Milei, bajo el pretexto de la eficiencia y la reducción del gasto público, ha dejado a los sectores más vulnerables en una situación de extrema precariedad. La falta de una política de contención social y de protección a los consumidores ha exacerbado las dificultades económicas, generando un impacto negativo en la calidad de vida de los habitantes del AMBA.
Además, el informe del IIEP destaca que el aumento de las tarifas no se ha traducido en una mejora significativa de los servicios. Las deficiencias en la prestación de servicios públicos, como cortes de energía y deficiencias en el transporte, continúan afectando a los usuarios, quienes se sienten desamparados y sin opciones ante los exorbitantes costos.
Es imperativo que el gobierno de Milei revise sus políticas económicas y considere el impacto real en la población. La retórica de la libertad no puede seguir siendo una excusa para políticas que perjudican a la mayoría. Los ciudadanos necesitan medidas concretas que alivien su carga y aseguren un acceso equitativo y justo a los servicios públicos.
En conclusión, el informe del IIEP pone en evidencia la cruda realidad que enfrentan las familias del AMBA bajo el gobierno de Javier Milei. Los incrementos desmesurados en las tarifas de servicios públicos, sumados a una economía en crisis, desmienten la narrativa oficial de libertad y progreso. Es fundamental que se adopten políticas que verdaderamente protejan y beneficien a la población, garantizando una calidad de vida digna para todos.
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