Las tarifas de AySA aumentarán un 4% por mes entre enero y abril de 2026, con lo que la empresa espera “mantener el equilibrio económico-financiero y garantizar la continuidad del servicio”. La empresa presta servicios para 3,8 millones de usuarios, lo que representa un área de 15 millones de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
Con ese mecanismo, AySA espera revertir el retraso tarifario del 21,05% que implicó el tope de aumento del 1% mensual fijado por el Gobierno para el año que termina. Para evitar un único incremento por ese porcentaje que golpee en exceso en los bolsillos se dispuso el tope de 4% mensual hasta abril.
Al mismo tiempo, ese porcentaje tendrá un impacto en el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) que el Indec comenzará a utilizar a partir de 2026, ya que la ponderación de los servicios públicos será mayor que en el índice actual.
Al mismo tiempo, en la empresa explicaron que habrá dos grupos de usuarios que tendrán una tarifa más baja. El 48% de sus usuarios residenciales pagará con un 15% de descuento por vivir en zonas bajas. Al mismo tiempo, se mantendrá el programa de Tarifa Social que hoy beneficia a 250.000 personas y que tiene duración de un año como máximo, luego del cual debe ser renovado. Para los usuarios con Tarifa Social, el aumento no será inmediato sino que se aplicará recién al momento de la renovación.
De esta forma, en los zonales altos, quien pagó en diciembre una factura de $29.317 sin impuestos pagará $34.296 en abril del año próximo.
Las decisiones sobre la tarifa del agua fueron establecidas por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) por medio de una resolución publicada en el Boletín Oficial. La actualización “contempla la restitución del mecanismo de actualización propuesto en Audiencia Pública de marzo de 2024 y aprobado en la Resolución 9/2024 de la Secretaría de Obras Públicas, pero aplicándolo de manera progresiva y controlada", señalaron en AySA.
Una vez dejado atrás el tope que rigió en 2025, el mecanismo a aplicar para ajustar la tarifa “consiste en la aplicación de una fórmula polinómica que tiene en cuenta el índice de salarios (IS), el índice de precios internos al por mayor (IPIM) y el índice de precios al consumidor (IPC)”, explicaron desde AySA.
Para mitigar el impacto en los sectores más vulnerables, la empresa remarcó que “el programa de Tarifa Social continuará vigente para neutralizar el impacto del ajuste en los sectores vulnerables, y se mantendrá el descuento del 15% para los zonales bajos, que alcanzan al 48% de los usuarios residenciales, tanto quienes tienen uno como dos servicios”, según estableció la misma AySA.
En 2025, la tarifa había estado sujeta a una limitación extraordinaria con un tope de aumento del 1% mensual, lo que provocó un rezago en relación al esquema aprobado en la última revisión. Esta coyuntura, asociada a la desaceleración de la inflación, había allegado al Gobierno Nacional a “postergar la actualización para profundizar el proceso de eficientización de la empresa, mediante la reducción de gastos operativos y la optimización de recursos”, añadió AySA, aclarando que la empresa “sostuvo este esquema limitado de actualización, absorbiendo el impacto mediante importantes esfuerzos de eficiencia”.
El nuevo sistema carece de retroactividad, por lo que se irá corrigiendo de manera paulatina el atraso tarifario. Al respecto, AySA aclaró: “Paralelamente la empresa absorberá parte del desfasaje restante para el 2026 mediante un mayor control de gastos y mejoras operativas minimizando el impacto en las facturas”.
Una vez alcanzada la eficiencia operativa, los recursos adicionales serán destinados de modo prioritario a la inversión: “Los ingresos derivados de la adecuación tarifaria estarán destinados a consolidar las inversiones previstas en el Plan de Transición, que incluye obras de mejora y mantenimiento del servicio y ordenamiento financiero para asegurar una operación sostenible en el tiempo”, detalló la compañía.
El atraso no actualizado a diciembre de 2025 asciende a un 21,05%, cifra que será reconocida mediante el coeficiente K, sin incorporarse de inmediato a la facturación. Este rezago generó una caída de ingresos superior a $95.000 millones hasta noviembre y la postergación de gastos e inversiones.
