La primera comparecencia judicial de Nicolás Maduro en Estados Unidos abrió un proceso penal que puede mantenerlo preso durante años, luego de su captura en Caracas y su procesamiento por cargos de narcotráfico y delitos con armas junto a su esposa, Cilia Flores.
Maduro proclamó ante el tribunal que sigue siendo el presidente de Venezuela y calificó su detención como un “secuestro”, mientras el gobierno de Donald Trump defendió la operación militar como una acción puntual de aplicación de la ley. Ambos acusados permanecen detenidos en Nueva York y enfrentan un caso complejo con implicancias políticas, diplomáticas y legales de largo alcance.
Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, comparecieron el lunes ante un tribunal federal tras su captura días antes por fuerzas especiales estadounidenses durante una operación nocturna en su residencia de Caracas, en la madrugada del sábado. La fiscalía los acusa de integrar un plan para importar cocaína a Estados Unidos y de poseer armas de fuego. Ambos se declararon inocentes. La próxima audiencia quedó fijada para el 17 de marzo.
El Ejecutivo estadounidense sostuvo que la detención respondió a una “operación quirúrgica de aplicación de la ley” en el marco de un expediente penal presentado hace seis años. En la audiencia, Maduro se declaró prisionero de guerra.
Mientras Venezuela enfrenta las repercusiones geopolíticas, el dictador venezolano y su esposa permanecen encarcelados en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, a unos 3.400 kilómetros de Caracas.
Solicitud de fianza
La posibilidad de una fianza aparece como remota. Ninguno de los acusados solicitó su liberación bajo fianza durante la audiencia inicial, aunque sus abogados dejaron abierta esa opción. El juez Alvin Hellerstein indicó que está dispuesto a recibir solicitudes “siempre que, y tan a menudo como lo consideren apropiado”.
Sin embargo, los cargos conllevan penas que podrían extenderse por el resto de la vida de los acusados. Los fiscales pueden sostener que representan un riesgo de fuga, dado su acceso a redes internacionales y recursos. Maduro enfrenta cargos por asociación delictuosa para cometer actos de narcoterrorismo.
En casos similares, los jueces suelen rechazar la fianza. Manuel Noriega no obtuvo ese beneficio tras su captura y acusación por narcotráfico luego de la intervención estadounidense a Panamá en 1989. Los abogados del ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández tampoco solicitaron fianza, al igual que la defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán tras su extradición desde México.
Atención médica para Flores por “lesiones significativas”
El abogado de Flores, Mark Donnelly, informó al tribunal que su clienta sufrió “lesiones significativas” durante la captura y necesita estudios médicos, incluida una radiografía, ante la posibilidad de fracturas o contusiones severas en las costillas. Flores compareció con vendajes en la frente, la sien y el párpado.
El abogado de Maduro, Barry Pollack, señaló que su defendido presenta “problemas de salud y médicos que requerirán atención” durante la detención. El juez instruyó a la fiscalía y a la defensa para coordinar la atención médica correspondiente.
El Centro de Detención Metropolitano dispone de una unidad médica con salas de evaluación y consultorio dental, aunque la institución recibió críticas en el pasado por el manejo de tratamientos, incluida la detección tardía de cáncer en algunos internos.
Una visita consular
La ley estadounidense garantiza a los extranjeros acusados el derecho a recibir visitas consulares. Maduro solicitó ese contacto al juez, con la asistencia de un intérprete. No obstante, persisten interrogantes sobre el alcance de esa asistencia, dado que en 2019 Maduro ordenó el cierre de la embajada y los consulados de Venezuela en Estados Unidos.
Las gestiones consulares también resultan relevantes para la financiación de la defensa. Maduro y Flores figuran bajo sanciones estadounidenses, lo que impide a ciudadanos de ese país recibir dinero de ellos sin autorización del Departamento del Tesoro. Hellerstein ordenó a la fiscalía facilitar las condiciones necesarias para que los abogados “puedan representar a sus clientes con celo y plenamente”.
El equipo legal de Maduro se amplió con la incorporación de Bruce Fein, especialista en derecho constitucional e internacional y exfuncionario del Departamento de Justicia durante la presidencia de Ronald Reagan.
Desafíos “sustanciales” a la legalidad del caso
Pollack anticipó desafíos “sustanciales” a la validez de la acusación y planteó cuestiones complejas. “El señor Maduro es el jefe de un Estado soberano y tiene derecho a los privilegios e inmunidades que vienen con ese cargo”, afirmó ante el juez. “Además, hay cuestiones sobre la legalidad de su secuestro militar”.
Tras la captura de Noriega, su defensa invocó inmunidad soberana, un argumento que fracasó en los tribunales estadounidenses. En el caso de Maduro, Estados Unidos no lo reconoce como presidente legítimo de Venezuela, lo que debilita su reclamo de inmunidad.
La disputa sobre la legalidad del enjuiciamiento promete extenderse y podría llegar a instancias de apelación, mientras el proceso avanza y mantiene en suspenso el futuro político y judicial del ex líder del régimen venezolano.
