A través de una resolución conjunta publicada en Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la inscripción de la “Fuerza Quds” y de los individuos relacionados, en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Entre los argumentos esgrimidos, señalaron: “Representa una amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional”.
La normativa, firmada por la cartera de Seguridad Nacional y la Cancillería Argentina, fundamentó la decisión en el marco de los compromisos internacionales asumidos por el país y en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, detección y represión del terrorismo y su financiación, según consta en la normativa 1/2026.
La medida se apoya en la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la legislación nacional vigente.
Esta publicación surge luego de que el Gobierno se expidiera a través de un comunicado oficial, compartido días atrás, en donde señalaban: “La Fuerza Quds es una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, especializada en el entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países”. Y continuó: “La República Argentina fue víctima de sus operaciones en la década de 1990, a través de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la AMIA en 1994”.
A su vez, destacaron el rol de Ahmad Vahidi en la organización terrorista; de hecho, estuvo al frente de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998. Según el texto, Vahidi está vinculado al atentado contra la AMIA y registra una notificación de alerta roja emitida por INTERPOL. El documento señaló que las autoridades iraníes no han facilitado su enjuiciamiento y, por el contrario, lo promovieron al cargo de comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El Gobierno confirmó que Vahidi ya se encuentra inscripto en el RePET.
Por su parte, el Gobierno de Irán rechazó la decisión a través de una rueda de prensa, en donde Ismail Baghaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, calificó la medida como “inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y peligrosa desde el punto de vista político”.
En cuanto a la resolución emitida durante la madrugada de este martes, desde el Gobierno que el país “se ha comprometido a promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional” y a establecer un régimen jurídico y administrativo para erradicar la financiación del terrorismo.
“El crimen organizado constituye una amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público que demanda respuestas urgentes y contundentes por parte de los distintos actores del Estado involucrados en la prevención, la investigación y la represión de la criminalidad organizada”, argumentaron, entre otras cosas.
La normativa nacional establece agravantes para los delitos cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades a actuar de determinada manera, tal como lo habían adelantado en el comunicado. “Sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción”, además de resguardar al sistema financiero argentino, según anticiparon.
En este plano, le compete al Ministerio de Seguridad Nacional “entender en la producción de información que concierne a las Fuerzas de Seguridad y Policiales, en la determinación de la política criminal y de prevención del delito, incluyendo la elaboración de planes y programas para su aplicación, y en la coordinación de las acciones tendientes a solucionar situaciones extraordinarias o emergencias que se produzcan en el territorio de la Nación”.
A través de la resolución, encomendaron al Ministerio de Justicia que avance con la correspondiente inscripción en el RePET, que fue creado para “brindar acceso e intercambio de información sobre personas humanas, jurídicas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y/o su financiamiento, y facilitar la cooperación doméstica e internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento”.
