Un grupo de legisladores de la oposición presentó un proyecto enfocado en la asistencia a las familias que se encuentran endeudadas a tasas altas. La iniciativa, denominada Programa de desendeudamiento de las familias argentinas, se ejecutaría a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Permitiría que hogares con altos niveles de endeudamiento puedan cancelar compromisos asumidos con tarjetas de crédito y operadores no financieros de crédito (OPNFC), a través de un préstamo otorgado directamente por el organismo previsional.
Según se detalló en la presentación del programa, la medida surge en un contexto en el que “la situación social y económica actual de ingresos bajos y gastos fijos altos llevaron a la gran mayoría de los argentinos a endeudarse para cubrir el pago de alimentos y servicios”. Ese proceso derivó, en muchos casos, en un nivel de sobreendeudamiento concentrado en instrumentos con tasas elevadas y condiciones financieras desfavorables.
El proyecto fue presentado por un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria y de Encuentro Federal: Guillermo Michel, Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Emir Roberto Félix, Nicolás María Massot, Juan Pablo Luque, Ernesto Alí, Marianela Marclay, Victoria Tolosa Paz y Carlos Cisneros.
Sobreendeudamiento
El documento presentado por los legisladores opositores señala que el endeudamiento de los hogares se concentra principalmente en tarjetas de crédito y en proveedores no financieros de crédito. En este grupo se incluyen fintechs, cooperativas y mutuales, cadenas comerciales y otros prestadores que operan fuera del sistema bancario tradicional.
De acuerdo con la presentación, estos operadores “actúan en segmentos fuera del sistema bancario con tasas sensiblemente más altas y condiciones financieras, en general, muy desfavorables para los deudores”.
El informe también detalla el crecimiento del crédito en estos segmentos. La cartera de crédito fintech pasó de $724 mil millones en julio de 2024 (medidos a precios de julio de 2025) a $2,58 billones en julio de 2025. Esto implicó un aumento del 31% interanual y del 268% respecto de marzo de 2024.
En paralelo, se destacó el nivel de tasas aplicadas: “las tasas de interés cobradas por estos operadores son de 130% TNA en OPNFC y de 92% en tarjetas”, en un contexto de inflación del 30%, según consta en la presentación.
Morosidad
Como consecuencia de esta dinámica, el peronismo advirtió sobre un deterioro acelerado de la calidad crediticia. En particular, el documento indica que “la irregularidad del crédito personal en OPNFC alcanzó niveles cercanos al 20% hacia noviembre de 2025”.
Ese porcentaje supera ampliamente el registrado en el resto del sistema financiero, donde la irregularidad también se encuentra en niveles elevados. Según el informe, el ratio de préstamos irregulares a los hogares en el sistema formal se ubica en torno al 8%, un nivel que la presentación califica como pico histórico.
En ese marco, la propuesta sostiene que “el esquema actual no es sostenible ni para los deudores ni para los prestadores”, lo que da lugar al diseño de una herramienta de intervención específica.
Cómo serán los préstamos
La propuesta central del programa consiste en una línea de crédito directa de la Anses destinada a jubilados, trabajadores, monotributistas y beneficiarios de planes sociales. El objetivo es que estas personas puedan cancelar deudas vigentes con tarjetas de crédito y otros operadores no financieros, pero accediendo a condiciones distintas a las originales.
El documento explica que se busca “sustituir una deuda con tasas muy altas, que ahoga financieramente a las familias argentinas, por otra pagable y respetando las tasas de mercado”.
El monto máximo del crédito sería fijado en $1.500.000, con una tasa definida como TAMAR (la tasa de los depósitos mayoristas) más 10 puntos porcentuales, en condiciones normales de mercado. Además, se estableció que la relación entre la cuota y el ingreso no podría superar el 30%, mientras que el plazo del crédito se definiría según la capacidad de pago de cada solicitante.
El programa constaría de dos pasos principales. En primer lugar, “el trabajador, el jubilado o el monotributista debería pedir online el crédito a la Anses e identificar a qué tarjeta o fintech le debe”.
En una segunda instancia, “Anses cancelaría directamente la deuda con la tarjeta o la fintech y luego le cobraría en cuotas a la persona”. De esta manera, el beneficiario no recibiría el dinero en forma directa, sino que el organismo actuaría como intermediario para la cancelación del pasivo original.
El programa estaría orientado a una población estimada en más de 15 millones de personas. Los grupos alcanzados incluirían:
Jubilados y pensionados, con ingresos de hasta seis jubilaciones mínimas.
Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo.
Trabajadores en relación de dependencia, con ingresos de hasta seis Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVyM).
Personal de casas particulares.
Monotributistas de las categorías A, B, C y D.
Impacto fiscal y esquema financiero
La presentación del peronismo también hace referencia al impacto fiscal del programa. En ese sentido, se remarca que “se cuidaría lo fiscal”, dado que Anses otorga los préstamos “a tasas de mercado y por encima del costo de fondeo de las entidades financieras”.
Bajo este esquema, el peronismo sostiene que la propuesta constituye “una inversión rentable para el Anses”, al tiempo que busca aliviar la carga financiera de los hogares alcanzados. Según el documento, las familias podrían “cancelar una deuda impagable con un préstamo a tasas razonables de mercado”.
