Oficializaron la intervención del Puerto de Ushuaia tras detectarse un desvío de fondos

Luego de que los sindicatos portuarios de Tierra del Fuego denunciaran que la creación de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) comprometería el funcionamiento normal de la Dirección Provincial de Puertos, el Gobierno nacional dispuso la intervención del Puerto de Usuhuaia.

La medida entrará en vigencia a partir del viernes, tras haberse publicado la Resolución 4/2026 del Boletín Oficial. Con la aprobación del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (APYN), Iñaki Miguel Arreseygor, se confirmó la suspensión de la habilitación del Puerto de Ushuaia por el plazo de un año. Según detalla la normativa, este tiempo puede ser prorrogado.

De esta manera, el Estado nacional estará a cargo de la gestión operativa, técnica y administrativa del puerto.

En este sentido, aclararon que la medida “alcanza pura y exclusivamente la infraestructura portuaria de explotación, maquinaria, equipamientos e instalaciones y todo aquello relativo a la operación portuaria que se encuentre dentro de la delimitación jurisdiccional terrestre, espejos de agua y espacios acuáticos lindantes de la jurisdicción portuaria”.

 Según explicaron las autoridades, la intervención fue motivada por una serie de fallas y deficiencias detectadas durante una inspección realizada en el puerto entre septiembre y octubre del año pasado.

Inicialmente, este proceso había sido ordenado luego de una denuncia realizada por el secretario general de Unión Personal Superior Ferroviario de Tierra del Fuego y otros grupos vinculados a la actividad portuaria local, en donde expusieron su preocupación por la promulgación de la Ley Provincial N° 1596 de “Sostenibilidad y Fortalecimiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF)”.

La norma implicaba la creación de un servicio de salud, que estaba previsto que fuera financiado por el superávit financiero producido por el Puerto de Ushuaia. Estos índices se obtuvieron en 2024 y 2025, pero los sindicatos advirtieron que esto podría comprometer “la operatividad, autonomía financiera y sustento institucional de la Dirección Provincial de Puertos de la citada provincia”.

Fue así que se ordenó la suspensión y posterior intervención del puerto, después de que la inspección revelara la existencia de un deterioro estructural del muelle. Además, alertaron por las fallas en el sistema de seguridad, deficiencias en el mantenimiento, tecnología y gestión ambiental.

Otro de los puntos que fueron alarmantes fue el descubrimiento de que existía un bajo nivel de inversión en infraestructura, que representaba solo el 1,3% del total de fondos. El resto era mayormente destinado al personal y a préstamos.

Por último, apuntaron que había un faltante de protocolos formales para la operación simultánea de carga y pasajeros, y la inexistencia de auditorías o estándares mínimos en tecnología y seguridad de la información.

Tras exponer los argumentos, la ANPYN estableció que la Gerencia de Coordinación Técnica asumirá el carácter de Unidad Ejecutora y asistencial de la intervención. Así, quedará habilitada para dictar las normativas operativas necesarias para la continuidad y seguridad de los servicios portuarios.

De la misma manera, esta unidad deberá garantizar el cumplimiento de las instrucciones provenientes de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y elevar informes periódicos sobre su actuación, en la forma y periodicidad que defina la autoridad portuaria nacional.

Por este motivo, se facultó a la Gerencia de Coordinación Técnica para que pueda solicitar la colaboración técnica y de recursos administrativos de la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (AGP S.A.U.).

Por otro lado, indicaron que la unidad tiene a su cargo las medidas conducentes para proveer y movilizar el personal necesario, aunque se establece que la medida no implica transferencia de personal ni modificaciones en las actuales relaciones de empleo. El personal asignado utilizará la licencia convencional prevista para tales designaciones, garantizando la prestación de los servicios y la continuidad operativa.

Así, dictaminaron que cada implicado institucional será notificado. Tanto la Agencia de Recaudación y Control Aduanero como la Prefectura Naval Argentina, además de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Dirección Provincial de Puertos. También recibirán comunicación las prestadoras de servicios públicos, para asegurar que no se vean afectados la provisión y el funcionamiento de los mismos durante la intervención.

Se dispuso, además, que la Caja Previsional de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur informe cómo deberán realizarse los aportes de los trabajadores enumerados en el anexo de la resolución durante la vigencia de la intervención.