Luego de la reglamentación del marco legal de la Ciudadanía por Inversión en julio de 2025, el Gobierno lanzó hace algunas semanas una licitación para implementar su propio programa estratégico, con el objetivo de atraer capitales de largo plazo y promover nuevas inversiones productivas. De este modo, se busca implementar un régimen similar al vigente en EEUU para grandes inversores (EB-5).
La medida del Ejecutivo no es aislada si se tiene en cuenta la plena vigencia del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Ambas herramientas buscan potenciar la llegada de capital extranjero.
Mediante el Decreto 524/2025, el Gobierno reglamentó el régimen y estableció que los extranjeros que realicen una inversión significativa, de acuerdo con los criterios que determine el Ministerio de Economía, podrán solicitar la ciudadanía argentina ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión.
Este organismo descentralizado, creado en el ámbito de ese ministerio, será responsable de recibir las solicitudes, evaluar el cumplimiento de los requisitos de inversión y coordinar la intervención de los distintos organismos estatales involucrados.
Entre ellos, la Dirección Nacional de Migraciones, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de Reincidencia y el Registro Nacional de las Personas (Renaper).
Este esquema, adoptado en distintos formatos por más de 80 países, habilita a ciudadanos extranjeros a acceder a la ciudadanía del país receptor mediante la realización de inversiones significativas en sectores considerados estratégicos. En este marco, un consorcio de compañías analizó el potencial de la iniciativa y sostuvo que su implementación podría canalizar más de USD 2.500 millones hacia esas áreas de negocios.
“Es un modelo ampliamente validado a nivel global para atraer capital de largo plazo, respaldado por marcos regulatorios y controles oficiales. Países como Estados Unidos, Canadá, Portugal o naciones en la zona del Caribe ya lo incorporaron con éxito, adaptando las modalidades de residencia y ciudadanía según sus objetivos de desarrollo y el tipo de inversión exigida”, señala Jeffrey Henseler, Chairman de Passport Legacy, firma suiza especializada en el sector y que este año implementó la primera Agencia de ciudadanía por inversión totalmente privada en Sao Tomé y Principe.
Apex Capital Partners, Arton Capital, Passport Legacy y AIM Global, con experiencia en el sector en Europa, Medio Oriente, Asia, África y América; anunciaron su intención de participar en la licitación oficial para llevar adelante el programa.
Según estimaciones elaboradas por los equipos del consorcio de empresas, el programa podría captar más de USD 2.500 millones en inversión extranjera directa en sus primeras etapas y atraer a unas 5.000 familias que accederían a la ciudadanía argentina tras realizar inversiones significativas.
Desde el grupo empresario subrayan que el atractivo del esquema no se limita al volumen de capital potencial, sino también al perfil de los inversores. “La clave está en el compromiso con el país y en la posibilidad de que el Gobierno direccione los fondos hacia sectores estratégicos como infraestructura, energía, agronegocios, tecnología, vivienda y proyectos de desarrollo regional”, señaló Matías Apparcel, abogado y CEO de Aim Global.
Sobre el impacto económico de estos programas a nivel mundial, Apparcel mencionó: “En Estados Unidos el modelo de residencia por inversión captó entre USD 55.000 y 60.000 millones desde su creación y generó cientos de miles de puestos de trabajo. En Europa, Portugal atrajo 9.000 millones de euros desde el lanzamiento de su iniciativa, mientras que Nueva Zelanda ha sumado USD 10.500 millones desde 2009”.
Por su parte, Nuri Katz, Presidente y CEO de Apex Capital Partners, dijo: “Los antecedentes internacionales muestran que el impacto de este modelo es sumamente positivo cuando se ejecuta bajo marcos de control estrictos y objetivos de inversión claros. El desafío para el país es estructurar un programa que sea sinónimo de transparencia y calidad ante la comunidad global”.
