La recaudación tributaria volvió a caer en marzo. Suma ocho meses consecutivos de descensos reales (esto es, de aumentos nominales inferiores a la inflación). El mes paso el fisco nacional juntó $16,1 billones, un 26,2% nominal más que el año anterior, pero siete puntos inferior al IPC, que en igual lapso aumentó 33,1 por ciento.
El rezago de los ingresos fiscales respecto de la inflación representa un desafío para el equilibrio de las cuentas públicas, que hasta ahora se consiguió con ingresos extraordinarios y maniobras en la devolución de impuestos que suman tensión en sectores claves.
Según el informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los impuestos ligados al nivel de actividad, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Ganancias, contribuyeron de manera significativa a la caída de la recaudación real. “Este mes la recaudación se vio negativamente afectada porque no hubo ingreso de anticipos de Ganancias de sociedades con cierre de ejercicio diciembre (el más importante del año) ni anticipos de Ganancias de personas humanas”, destacaron. Como también por las disminuciones de las retenciones para los cereales y oleaginosas y sus derivados.
La caída en los ingresos tributarios presenta un desafío de cara al resultado de las cuentas públicas del tercer mes del año, en donde el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene que mantener el superávit fiscal y financiero, que es la piedra angular del programa. Y lo que garantizó, según el discurso oficial, que la Argentina no se vea golpeada en los últimos sucesos internacionales como el conflicto en Oriente Medio.
El equipo económico sostuvo el superávit fiscal durante el primer bimestre de 2026, pero lo hizo con una combinación de ingresos extraordinarios y maniobras respecto a la devolución de impuestos que generaban tensión con los exportadores. De acuerdo con el análisis de la consultora LCG, “el sector público registró un abultado superávit primario en enero ($3 billones), pero cerca de un tercio estuvo explicado por ingresos extraordinarios vinculados a la venta de la hidroeléctrica Comahue”.
En febrero, el Gobierno volvió a reportar un nuevo superávit financiero a pesar de la caída de los ingresos. Según el Ministerio de Economía, en el primer bimestre del año, el Sector Público Nacional (SPN) acumuló un superávit primario equivalente a aproximadamente 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB) y un superávit financiero de 0,1% del PIB.
A pesar de la medida cautelar que dispuso la Justicia sobre 83 artículos de la reforma laboral, que será apelada por el Gobierno, la consultora LCG advirtió que el recorte de impuestos derivado generará nuevas exigencias de ajuste. La creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que implica el desvío de parte de las contribuciones patronales de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) a cuentas individuales de los empleadores, representa un costo fiscal equivalente al 0,36% del Producto Bruto Interno (PBI). El proyecto aprobado reduce los aportes de las grandes empresas al FAL al 1% y de las PYMES al 2,5 por ciento.
A su vez, el Régimen de Incentivo de Formalización Laboral (RIFL), también incorporado en la reforma, estableció la reducción de las contribuciones patronales al 5% para las nuevas contrataciones, desde niveles anteriores de 18% o 20%, según el sector y el tamaño de la empresa. LCG calculó que “deberían formalizarse 1,1 millones de puestos de trabajo para compensar el costo anual que impone el FAL”, lo que implicaría un incremento del 12% en la cantidad de asalariados formales y una baja de la informalidad del 37% al 30 por ciento.
El informe de LCG concluyó que el recorte de impuestos asociado a la reforma laboral implicará nuevas exigencias de ajuste del gasto para sostener el equilibrio. La creación del FAL, con un costo fiscal estimado en 0,36% del PBI, y la baja de las contribuciones patronales para nuevas altas, presionan las cuentas públicas. Para compensar, el sistema debería sumar 1,1 millones de trabajadores formales, cifra que equivale a un salto significativo en la formalización y a una reducción de la informalidad de siete puntos porcentuales.
El saldo fiscal positivo de los primeros meses de 2026 reflejó la combinación de factores transitorios y medidas de ajuste, con un contexto de menor actividad y recursos tributarios en caída. El Ministerio de Economía mantuvo la defensa del equilibrio como meta central, aunque la continuidad del superávit dependerá de la recuperación de los ingresos permanentes o de un nuevo ciclo de recortes.
Caputo reconoce que la recaudación debe crecer en los próximos meses, pero confía en que ese aumento de los ingresos del Estado se va a dar por la mayor formalización de la economía a través de los beneficios que le otorga la reforma laboral al sector privado, como también por la motorización que le pueda dar la Ley de Inocencia Fiscal a la actividad.
“Esta es una ley que favorece a todos; ustedes pueden sacar esos dólares ahora, no pagan ninguna multa; por el contrario, les pagan un interés o pueden utilizar esa plata para comprar una cosechadora, un tractor o lo que se necesite”, marcó Caputo durante su participación en la Bolsa de Comercio de Rosario la semana pasada. Aunque, para la mayoría de los contadores, aún hay dudas sobre las garantías jurídicas y beneficios en términos impositivos de que los contribuyentes se adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).
En esa línea, Caputo sostuvo que no tiene dudas de que a la Argentina le va a ir bien, pero sí confesó que tiene miedo sobre la velocidad en la que se produzca la recuperación. Ya que él sabe que el país tiene la capacidad de hacerlo al 9%. “La forma en que ustedes reaccionen a esto hace una diferencia enorme. Aunque ustedes piensen que no, que solo son una personita”, les marcó. Es que el crecimiento de los depósitos en dólares del sector privado expone que no hubo una importante adhesión; apenas pasaron de USD 36.641 millones el 1º de diciembre de 2025 a 38.483 millones el 20 de marzo, con una desaceleración en el ritmo de crecimiento.
