El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) Facundo Jones Huala inició la tercera huelga de hambre desde que está detenido en la cárcel de máxima seguridad de Rawson, en Chubut, para exigir su traslado a la unidad penitenciaria de Esquel y mejores condiciones de detención.
El mapuche está alojado desde junio de 2025 en esa unidad penitenciaria federal, bajo la figura de prisión preventiva, imputado en una causa por presunta asociación ilícita.
En octubre del año pasado inició una medida de fuerza similar, con los mismos planteos, aunque la abandonó poco después, como gesto de acompañamiento a Juan Pablo Colhuan, otro dirigente mapuche que fue detenido tras permanecer prófugo durante cinco años y fue alojado junto a Jones Huala, en la misma dependencia carcelaria.
En marzo de este año Colhuan, líder de la comunidad Lafken Winkul Mapu- que usurpó tierras públicas y privadas en Villa Mascardi hasta 2022- recuperó la libertad tras recibir una condena en suspenso de 2 años y medio por los delitos de usurpación e irrupción en un predio mediante el uso de un arma de fuego.
Tras su liberación, Jones Huala decidió retomar su reclamo para exigir su traslado a la U14 de Esquel, una cárcel de seguridad media que está a 250 kilómetros de Bariloche, donde reside su familia.
En octubre de 2025, cuando inició la última medida de fuerza similar, el juez Federal Gustavo Zapata le concedió esa derivación y solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación que gestione un cupo para alojarlo en ese centro penitenciario. Sin embargo, funcionarios nacionales de esa cartera, que cumplen funciones en la Dirección General de Régimen Correccional - confrontaron al magistrado y rechazaron su traslado, atribuyendo razones de seguridad. El juez no insistió y la derivación quedó trunca.
El listado de planteos que elevó el mapuche contempla “condiciones laborales dignas, juicio justo y debido proceso y cese de la persecución política y desprocesamiento de todos los luchadores mapuches”.
Solicitó también eliminar del listado de organizaciones terroristas que confeccionó el gobierno central a todas las lof y organizaciones mapuches.
Jones Huala denunció que sufre “pésimas condiciones de detención” y que las nuevas autoridades de ese centro penitenciario le impiden realizar sus prácticas y ceremonias tradicionales.
La Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que ejerce la defensa del mapuche en el proceso actual, denunció que desde que “desde que inició la medida de fuerza, el Ministerio de Seguridad, a través del Servicio Penitenciario Federal (SPF), comenzó a hostigarlo”.
“Es una medida de fuerza para reclamar por las distintas injusticias y vulneraciones de sus derechos que viene sufriendo de parte del Poder Judicial y del Gobierno Argentino”, denunciaron los letrados.
El escrito del mapuche, que fue elevado al Juzgado Federal de Bariloche para argumentar su decisión, “fue retenido por las autoridades de la Unidad 6, en acto claramente ilegal”.
“Ni falta nos hace explicar que las comunicaciones de un detenido con un juzgado (particularmente aquel que lleva la causa por la que está detenido) son inviolables y su interferencia supone una grave violación del derecho de defensa en juicio”, denunciaron.
En junio, la Justicia Federal convocará a Jones Huala a una nueva audiencia para determinar si continúa detenido bajo el régimen de prisión preventiva o si le otorga libertad condicional, tal como solicitó su defensa en reiteradas ocasiones.
En las últimas audiencias trimestrales, la Fiscalía Federal rechazó que el mapuche sea liberado. En la parte inicial del proceso pidió encuadrar el caso como investigación compleja, por la que podría permanecer hasta 2 años detenido con preventiva, logrando el aval de Zapata.
La representante del Ministerio Público Fiscal admitió que la investigación para incriminar al mapuche tiene pocos avances y la recopilación de pruebas en su contra “es una tarea compleja”.
