El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) tiene previsto firmar este martes un acuerdo de recomposición salarial y refuerzos presupuestarios con el Gobierno para descomprimir el conflicto por los fondos universitarios. Sin embargo, los rectores adelantaron que “no retirarán la demanda judicial”, en referencia al reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que permanece bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.
Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, detalló a Infobae que el acuerdo incluiría un aumento del 24,33% y otros compromisos económicos. “La oferta en discusión contempla un ajuste del 21,33% en julio y otro 3% en octubre“, expresó el exlegislador a este medio.
De acuerdo con Yacobitti, esa recomposición equivaldría a 7 puntos de 2024, 12,33 de 2025 y el resto buscaría compensar la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. También precisó que mañana habría una reunión paritaria con los gremios “para ver cómo no perder en lo que queda del 26”.
Además del aumento en dos tramos, el oficialismo planteó un compromiso para que los salarios universitarios no sigan perdiendo frente a la inflación durante 2026.
Según Yacobitti, el acta también incorporaría un aumento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, que promueve el acceso, el avance y la finalización de estudios de pregrado y grado en áreas claves para el desarrollo del país. “Y habrá un financiamiento de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios“, agregó.
Las conversaciones incluyen además una discusión específica sobre una asignación para el personal docente de establecimientos preuniversitarios.
En esos colegios de nivel medio, la situación salarial es más delicada porque los docentes también perdieron poder adquisitivo por la quita del Fondo de Incentivo Docente, el FONID. Ese deterioro forma parte de la negociación abierta entre el Ejecutivo, las universidades y los gremios.
El eventual acuerdo económico no cerraría el frente judicial. Yacobitti aclaró que los rectores “no retiran la demanda”, en referencia al reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que permanece bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.
La causa tiene una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada dos veces, aunque hoy está suspendida por un recurso extraordinario del Poder Ejecutivo. La resolución definitiva quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia, que no tiene un plazo establecido para pronunciarse.
La posición del Gobierno es que la ley sancionada por el Congreso es “ilegal” porque, según su interpretación, no cumple con la normativa de administración financiera que exige identificar la fuente de los recursos. Por esa razón, el Ejecutivo sostiene que mantener la demanda judicial es incompatible con un acuerdo económico entre las partes.
Del lado sindical persisten las reservas. Desde Conadu dijeron a Infobae: “Por ahora, es todo informal. Entonces no se puede dar crédito a eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. El gobierno tiene que convocar a paritaria, cosas que no hace hace años”.
Esa desconfianza también aparece entre los rectores, que reclaman que cualquier solución salarial incluya la apertura de una instancia paritaria real y un acuerdo con las organizaciones gremiales. El planteo alcanza tanto a los docentes como a los no docentes.
Por su parte, las universidades siguen en estado de alerta. El martes 26 de mayo, centros de estudiantes de la UBA, gremios docentes y otras organizaciones de la comunidad universitaria realizaron clases públicas frente al Palacio de Justicia, en Tribunales, para reclamar a los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz una definición sobre la cautelar.
Y estudiantes de los colegios preuniversitarios Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini tomaron los establecimientos como medida de protesta.
