Estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y reglas claras como condiciones no negociables, más un plan de acción con 250 obras concretas: ese fue el consenso al que llegaron las principales entidades empresarias y sindicatos del país en el predio de La Rural, en el marco de una jornada del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), el espacio multisectorial que reúne a los bancos, la industria, el comercio, la construcción, el agro y el trabajo organizado.
Las 250 obras estratégicas que identificó el CPI están distribuidas en cuatro sectores productivos —energía, minería, alimentos y logística— y su ejecución demandaría una inversión de entre USD 25.000 y USD 30.000 millones anuales. La brecha de infraestructura es, según el diagnóstico del encuentro, el principal freno al crecimiento de los sectores más dinámicos de la economía argentina.
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), sintetizó la posición del sector: “Contamos con más de 250 estudios sobre las obras clave que el país necesita para bajar costos y ganar competitividad. Sin una infraestructura moderna, financiada mediante inversión pública y privada, no hay desarrollo posible para ningún sector. La gran ambición del CPI es poner este debate de manera permanente en la agenda nacional para lograr ese cambio indispensable”.
El sector energético concentra algunas de las obras más urgentes del mapa trazado por el CPI. El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) —el oleoducto financiado con un p
A ese proyecto se suman la finalización de la reversión del Gasoducto Norte y la construcción de un gasoducto de exportación hacia Brasil, obras que ampliarían la capacidad de evacuación del gas producido en la cuenca neuquina. Alberto Calsiano, jefe del Departamento Energía de la Unión Industrial Argentina (UIA), advirtió en la jornada que las redes de transmisión eléctrica de Extra Alta Tensión ya operan al límite de su capacidad, con una situación especialmente crítica en el AMBA, y que su fortalecimiento no admite demoras si el país pretende acompañar el crecimiento de Vaca Muerta con la demanda industrial y residencial.réstamo sindicado de USD 2.000 millones, el mayor crédito comercial para infraestructura en la historia del país— ya supera el 70% de ejecución.
Martín Rappallini, presidente de la UIA, agregó: “Si queremos inversiones genuinas en infraestructura, es fundamental garantizar seguridad jurídica, financiamiento accesible y un rol activo del Estado en la organización de costos. El crecimiento proyectado en sectores como el energético representa una oportunidad única que debemos acompañar”.
La expansión minera —en particular la producción de litio y cobre en el NOA— requiere una red de conectividad que hoy no existe en la escala necesaria. El CPI identificó como prioritarias las rutas de acceso a los yacimientos, el ramal C14 del Belgrano Cargas entre Salta y la frontera con Chile, y la modernización del San Martín Cargas. Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), urgió inversiones en Transporte y Energía para evitar cuellos de botella que frenen una actividad con proyección de crecimiento sostenido.
El plan de modernización que impulsa el Gobierno en esta materia contempla precisamente la privatización de las líneas ferroviarias de carga Belgrano, San Martín y Urquiza por un plazo de 50 años, con el objetivo de reducir los costos logísticos que hoy restan competitividad a las exportaciones.
Para el sector agroalimentario, el CPI trazó un conjunto de obras orientadas a ampliar el área regada en 1,5 millones de hectáreas y a mejorar la gestión hídrica en la zona núcleo. Edgardo Castellanos, de la Corporación de Empresas Nacionales (COREBE), presentó un plan hídrico para el NOA que incluye la obra San Juancito en Jujuy, un acueducto de 210 kilómetros en Salta y el manejo de excedentes del sistema Bermejo-Bermejito.
A la infraestructura física se suma la conectividad digital: la expansión de las redes 5G para el uso en agricultura de precisión figura entre las prioridades del sector, en un contexto en que la Sociedad Rural Argentina (SRA) ya incorporó la infraestructura y el financiamiento a su agenda junto al reclamo histórico de eliminación de retenciones.
El nodo logístico del plan es la Vía Navegable Troncal. El gobierno de Javier Milei firmó en julio el contrato de concesión con el consorcio integrado por la empresa belga Jan de Nul y Servimagnus, que gestiona el corredor por donde circula el 80% de las exportaciones argentinas. La nueva concesión activa una rebaja automática del 13,5% en el valor del peaje e incluye obras de profundización y modernización tecnológica que permitirán a los buques salir con mayor carga desde los puertos de origen. El CPI también incluyó entre sus prioridades la mejora de los accesos terrestres a los puertos del Gran Rosario, cuello de botella logístico que limita la capacidad de despacho de la producción del interior.
En paralelo, Herrmann detalló la concesión de 9.154 kilómetros de rutas nacionales por 20 años bajo un esquema 100% privado y sin subsidios estatales, tercer pilar de un plan de modernización que el Gobierno define como la mayor reforma de infraestructura de las últimas décadas.
Más allá del detalle sectorial, la jornada del CPI en La Rural dejó tres requisitos que todas las organizaciones mencionaron sin excepción: estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y financiamiento de largo plazo. Francisco Gismondi, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), sostuvo que “para captar inversiones de largo plazo necesitamos consolidar la estabilidad macroeconómica, una moneda estable y más fuentes de crédito”, y valoró el crecimiento del crédito doméstico de los últimos dos años como base para impulsar viviendas y grandes proyectos.
Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT, introdujo un matiz que el resto de los participantes no rebatió: “Coincidimos en la necesidad de un orden macroeconómico y fiscal, pero este no debe lograrse a costa del sufrimiento social, sino mediante el diálogo. Necesitamos un Estado eficiente que no se retire de la planificación de una infraestructura que conecte al país y genere desarrollo”.El CPI está integrado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).
