En junio, por primera vez en el año, el Tesoro enfrentó un déficit primario y también financiero. Y si bien en gran medida el desbalance en las cuentas públicas se explicó por el pago del aguinaldos y la postergación de la presentación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias de personas humanas, también aumentó el gasto en subsidios. La combinación de todos estos factores llevó al ministro de Economía, Luis Caputo, a incumplir -por poco- la meta que se había fijado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo positivo es que, de cara a este mes, ya se garantizó ingresos que ayudarán a que no se vuelva a producir el mal dato.
En el sexto mes del año, el Sector Público Nacional (SPN) presentó un déficit primario de $696.843 millones y uno financiero de $1.024.891 millones. El pago de intereses netos alcanzó $328.049 millones, lo que se tradujo en una carga significativa dentro del esquema fiscal mensual. Según la explicación oficial del ministro de Economía, Luis Caputo, estos resultados se explicaron por dos factores principales: menores ingresos vinculados a la postergación del pago de Ganancias y mayores gastos asociados a la estacionalidad relacionada con el pago de aguinaldos.
El Ministerio de Economía decidió posponer la fecha de vencimiento del impuesto a las Ganancias para personas humanas, con la expectativa de que el Congreso aprobara la nueva Ley de Inocencia Fiscal y así lograr que una mayor cantidad de contribuyentes se adhirieran al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). De esa forma, esperan en el Gobierno, muchos argentinos podrían optar por sacar dólares del colchón. Sin embargo, la parálisis legislativa complicó los planes y el proyecto no se trató.
Los datos oficiales expusieron que el Gobierno no solo enfrentó mayores gastos por el pago de aguinaldos, sino que también incrementó el dinero destinado a subsidios económicos que pasó de $784.178 millones en mayo a $1 billón en junio. La mayor parte se concentró en los subsidios energéticos, especialmente en las bonificaciones otorgadas en las boletas de gas y luz. Al momento de comunicarlas, en la Secretaría de Energía aseguraron que se trata de medidas para proteger a los hogares más vulnerables ante la volatilidad de los precios internacionales por el conflicto en Oriente Medio. Lo que es cierto, pero también fue una ayuda para la desaceleración de la inflación que busca el Gobierno.
La consultora LCG analizó que el gasto en subsidios energéticos acumuló en el primer semestre del año el 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI), superando el nivel registrado en igual período de 2025. El informe de la consultora puntualizó que este alza obedeció tanto a los mayores precios de la energía como a la demora en la implementación de la suba de tarifas. Según el relevamiento de LCG, el gasto primario, excluyendo los subsidios a la energía, representó 6% del Producto Bruto Interno (PBI) en los primeros seis meses, 0,4 puntos porcentuales (p.p.) menos que en 2025 y 1,4 p.p. por debajo del promedio registrado entre 2016 y 2023.
LCG agregó que el recorte presupuestario más intenso se verificó en otras áreas del gasto público. Las transferencias discrecionales a las provincias y la obra pública continuaron funcionando como contrapeso frente al aumento de otros gastos, ya que registraron caídas incluso en términos nominales respecto a un año atrás. Según el análisis de la consultora, en términos reales estas transferencias sufrieron un recorte del 64% y la obra pública del 29% anual. Además, la deuda flotante —es decir, las obligaciones de pago no canceladas al cierre del mes— volvió a incrementarse en junio, alcanzando el equivalente al 0,3% del PBI, lo que implicó una suba de 0,2 p.p. respecto al mes anterior.
En paralelo a las mayores bonificaciones en las tarifas, el 15 de mayo la secretaría de Energía oficializó el subsidio del costo de las importaciones de gas natural licuado (GNL), destinadas a abastecer hogares, hospitales, escuelas y servicios prioritarios durante el invierno, con el objetivo de evitar aumentos abruptos en las tarifas que pudieran impulsar la inflación. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial, la diferencia entre el costo internacional del GNL —estimado en USD 20 por millón de BTU— y el precio local de abastecimiento —promediado en USD 3,79— será cubierta inicialmente por el Estado.
De acuerdo con cálculos del medio especializado Econojournal, el monto financiado por el Estado oscilaría entre USD 150 y USD 200 millones y recién será trasladado a los usuarios finales una vez que pase el pico de demanda invernal. Esta herramienta, denominada Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), permite aplanar las facturas de gas durante los meses de frío, de modo que los usuarios residenciales afrontarán el pago de la diferencia a partir de noviembre, en cuotas distribuidas a lo largo de seis meses. Por ello, el mayor gasto público de estos meses podrá ser compensando cerca de fin de año.
El problema que enfrenta el Gobierno con estas medidas que implicaron un mayor gasto público es que se incumplió la meta de resultado fiscal primario que se había fijado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para los primeros seis meses de 2026. “En el staff report de mayo, el Gobierno se había comprometido a acumular un superávit primario de $6,86 billones de en el primer semestre. Consiguió $6,29 billones. No es una distancia enorme y el Fondo seguramente le dé un waiver, pero es señal de que hay menos holgura que en años anteriores", comentaron en la consultora EconViews.
De cara a este mes el ministro Caputo ya se garantizó mayores ingresos. Tras la reunión que mantuvo el viernes con los contadores, se tomó la decisión de mantener el 27 de julio como la fecha para el pago del impuesto a las Ganancias de personas humanas y prorrogar hasta el 27 de agosto la presentación de la declaración jurada. Con la expectativa de que para ese entonces el Congreso apruebe la nueva Ley de Inocencia Fiscal y más contribuyentes puedan adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).
Que no se haya movido la fecha de pago de Ganancias significa que el estado nacional va a tener mayores ingresos este mes. También los tendrán las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ya que se trata de un impuestos que se coparticipa.
Entre los contadores hay objeciones por la decisión que tomó el equipo económico ya que aseguran que para poder realizar el pago del impuesto necesariamente se debe elaborar la declaración jurada. Sin embargo, los tributaristas que participaron del encuentro con el ministro sostienen que se trató del mal menor ya que la otra alternativa que estaba sobre la mesa era que se tenga que hacer la presentación en julio y luego se puede adherirse a RSG en caso de que se sancione la nueva ley.
