El acuerdo entre la oposición dialoguista y Unión por la Patria, permitió que el proyecto para modificar la fórmula jubilatoria establecida por el Gobierno obtenga la media sanción. Advirtió que si sale, la vetará y envió un mensaje en clave electoral.
El borrador es analizado por la UCR, Hacemos Coalición Federal y el PRO, que desglosan los artículos para determinar si respaldarán los cambios. Algunos legisladores anticiparon "reparos" con algunas modificaciones.
Están en agenda las repercusiones del anuncio de un desembolso de US$4.700 millones que el FMI le concederá a Argentina, y en un análisis sobre el debate del proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" que se desarrolla en un plenario de comisiones de la Cámara Baja.
Con sólo 38 legisladores, LLA necesitará establecer acuerdos con otros bloques de la oposición para avanzar en esa norma, que aspira a aprobarla antes del fin de las sesiones extraordinarias, que concluyen el 31 de enero próximo.
Alberto Fernández festejó la sanción de esa norma por parte de la Cámara de Diputados y dijo que "con un criterio federal, inclusivo y sostenible, el desarrollo de nuestra ciencia y tecnología es clave para el crecimiento soberano de la Argentina".
Mantiene los tres años para los contratos y establece como modificación principal la actualización semestral en base a un índice denominado Casa Propia.
Por 128 contra 114 votos, la Cámara de Diputados convirtió en ley la iniciativa con los cambios incluidos por el Senado impulsados por el Frente de Todos. Los contratos entre propietarios e inquilinos se mantendrán por tres años y tendrán una actualización semestral.
La Cámara baja debe resolver si acepta las modificaciones que el Senado le hizo al proyecto o insiste con el texto aprobado inicialmente. Se debatirá también, entre otros, el proyecto que establece la continuidad desde 2024 de la devolución del IVA a sectores de menores ingresos y el que fomenta la producción del Gas Natural Licuado.
El FdT buscará avalar las modificaciones que se le incorporaron en la Cámara alta al texto con los votos del oficialismo y del bloque de Unidad Federal, aunque JxC, que votó en contra, optará por insistir en el texto original.
La Cámara de Diputados aprobó en general por 135 votos a favor y 103 en contra el proyecto de ley de reforma del Impuesto a las Ganancias elaborado por el Poder Ejecutivo, con la presencia del ministro de Economía, Sergio Massa, en el recinto.
El proyecto de ley elimina la cuarta categoría del gravamen y que crea un nuevo tributo que, de aprobarse, solo impactará en los salarios de empleados y empleadas que cobran más de 180 sueldos mínimos anuales.
El bloque oficialista sostuvo que se trata de "un show electoralista que pone de rehenes a los más de 10 millones de argentinos que alquilan". Desde Inquilinos Agrupados denuncian que la modificación impulsada por las cámaras inmobiliarias "generará un caos habitacional y social irreparable".
El proyecto tiene por objetivo que ambas cámaras investiguen los abusos y la violación a los derechos humanos derivados de los hechos de violencia institucional que se dieron a partir de la reforma parcial de la Carta Magna provincial.
El desplazado administrador de la Corte Suprema Héctor Marchi, entre otros exdirectivos, trabajadores y afiliados de la obra social de los trabajadores judiciales fueron citados por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados en el marco del proceso que se sigue contra los miembros de la Corte.
Entre los expedientes acordados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Unidad Federal, destacan la llamada Ley Lucio, la facilitación de la renovación del Certificado Único de Discapacidad y los acuerdos para completar vacantes en la Justicia Federal de Santa Fe y de Córdoba.
Los proyectos centrales a tratar son el fortalecimiento de la Justicia de Santa Fe para dotar de mejores herramientas contra el crimen organizado y el narcotráfico, y la creación del monotributo para pequeños contribuyentes tecnológicos y un régimen cambiario específico.
Mientras sigue el debate en comisión del juicio político a los integrantes del máximo tribunal, el oficialismo impulsa la creación de un juzgado en Santa Fe y se espera la llegada de Agustín Rossi para dar su informe de gestión.
La iniciativa permitiría a unas 800 mil personas acceder a la jubilación. El tratamiento había fracasado en diciembre cuando Juntos por el Cambio y otros bloques opositores se negaron a dar quórum para debatirlo.
El Congreso busca fijar el cronograma de testigos en el juicio político a la Corte
La ley beneficiaría a unas 800 mil personas que carecen de los aportes necesarios para acceder a la jubilación
La segunda reunión de la comisión que preside la diputada del FdT Carolina Gaillard, debe tratar los 14 expedientes presentados en la Cámara baja que contienen más de 60 acusaciones contra los miembros del alto tribunal.
El diputado nacional formuló estos conceptos al exponer a favor de avanzar en los pedidos de juicio político contra los integrantes del máximo tribunal, a quienes se acusa de mal desempeño de sus funciones por los fallos vinculados a la coparticipación porteña.
"Un sector importante del Poder Judicial no tiene legitimidad social, está desacreditado y no responde a los intereses del pueblo", argumentó la diputada del FdT e integrante del Consejo de la Magistratura sobre el primer día de debate en comisión sobre el proyecto de proceso a los integrantes del máximo tribunal.
Además de los miembros del máximo tribunal, figuran decenas de funcionarios, entre ellos Silvio Robles, el asesor de Horario Rosatti; Marcelo D' Allesandro, el ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno porteño; Eduardo 'Wado' De Pedro, el ministro del Interior de la Nación, y referentes de organismos de derechos humanos.
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