En la Casa Rosada suelen repetir a menudo que “la motosierra es infinita”, aunque esta, a veces, encuentra resistencias en el plano de lo real. El Gobierno enfrentará esta semana una agenda mediática que estará protagonizada por la continuidad de los reclamos de recomposición salarial en el Hospital Garrahan, así como la sesión convocada por la oposición en la Cámara de Diputados, que buscará tratar proyectos para aumentar las jubilaciones y declarar la emergencia en discapacidad.
Aunque en diferentes dimensiones, ambas cuestiones apuntan a un incremento del gasto que el Ejecutivo no está dispuesto a relegar. “No hay ninguna chance de que toquemos el Presupuesto”, afirmó ante Infobae una altísima figura de la Casa Rosada al ser consultado sobre los proyectos que la oposición no dialoguista con La Libertad Avanza quiere impulsar en el Congreso.
Las expectativas del oficialismo para el miércoles no serían buenas. Creen que Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda terminaron de configurar un temario de sesión que tiene chances de conseguir quórum y, posteriormente, que se aprueben algunos de los temas clave. Si esto se da en Diputados, donde La Libertad Avanza tiene más margen de acción, el panorama pretende ser más desalentador para el Senado.
Es por eso que en la Presidencia de Diputados comenzaron a elevar públicamente las consecuencias de que las iniciativas de aumento jubilatorio y extensión de moratoria se aprueben. “Proponen una sesión con proyectos de ley que, de aprobarse, tendrían un costo fiscal de más de 12.000 millones de dólares (1.8% PBI). Se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir”, publicó Martín Menem en su cuenta de X.
Esta es la misma línea que rige en la Casa Rosada, aunque le delegan a Menem el grueso de las negociaciones para que no haya quórum. Muy cerca de Milei se limitan a decir que vetará todas las iniciativas que le dificulten su meta de déficit cero, una de las anclas más importantes que tiene para mostrar el Gobierno de cara a los mercados.
“Los números para ambos vetos están, y a Javier no le tiembla el pulso”, afirman. No sería la primera vez que deba recurrir a ese instrumento. El año pasado ya lo hizo con el aumento de jubilaciones y la suba del presupuesto universitario que se habían sancionado el año pasado: terminó sin grandes costos políticos, ya que si bien perdió apoyo en el corto plazo, lo terminó por recuperar en el mediano y largo plazo. A los ojos de Milei, sus estrategas políticos y su gabinete económico, es preferible recibir los achaques mediáticos a que no dar señales contundentes de rigidez fiscal.
Dos semanas atrás, la oposición no alineada había convocado a sesionar con un temario similar, pero Menem logró persuadir a varios gobernadores para que no den quórum. ¿Qué diferencia hay respecto a la vez pasada? Que esta vez no está en los papeles la creación de la Comisión $LIBRA, un tema en el que algunas provincias aceptaban bajar a sus diputados con tal de no incomodar a los Milei. Sin eso sobre el horizonte, se reducen las cartas que tiene el oficialismo para negociar. “Los gobernadores tampoco van a bajar a sus legisladores todas las veces que quiera la Casa Rosada”, explica una alta fuente en Diputados.
La extensión de la moratoria tiene menos probabilidades de ser aprobada que otras iniciativas en carpeta. Pero si las iniciativas que prevén una suba del 7,2% en las jubilaciones y pensiones, que prevén, además, un incremento en el bono extraordinario de $ 70.000 a $ 105.000 o 115.000. El equipo económico calculó un costo de 1,3% del PBI para esta última iniciativa.
La diputada nacional de Unión por la Patria, Gisela Marziotta, presidenta de la Comisión de Personas Mayores en Diputados, quien es una de las principales impulsoras del aumento jubilatorio, aprovechó el contexto para criticar al ministro de Economía, Luis Caputo, por la situación del Garrahan: “Los residentes también podrían salvarle la vida a sus hijos, ministro. Mientras tanto, usted está en televisión hablando del precio de las empanadas y estigmatizando a quienes sostienen con su trabajo el sistema de salud pública.”
Y es que antes del miércoles, la agenda estará atravesada por el conflicto en torno al Hospital Garrahan. El Gobierno anunció a través de los canales oficiales del nosocomio un incremento en los bonos a residentes que llevan a $ 1.300.000 su salario de bolsillo.
En rigor, el oficialismo quiere separar la demanda de los residentes respecto del resto del personal y que la asamblea general del martes pierda fuerza.
Los médicos residentes no aceptaron la oferta que figuró en el comunicado, alegando que no les llegó ninguna oferta de parte del Ministerio de Salud, que son quienes emplean a los residentes tanto en el Garrahan como en los demás hospitales nacionales. “La medida será comunicada a través del sistema de comunicación interna el día lunes porque los domingos ‘no están disponibles’”, explicó ayer el ministro de Salud, Mario Lugones.
En un comunicado publicado ayer, los residentes solicitaron conocer cómo es la propuesta formal de parte del Ejecutivo. El aumento anunciado refiere a un aumento de 30% en el bono que reciben, llevándolo a $500.000. Esto no implicaría un incremento en el salario básico, que actualmente es de $797.000. Por esta cuestión, desde este sector afirman que “la medida de fuerza no tuvo ningún cambio”. Esta noche, los médicos residentes harán una “marcha de las velas” que tendrá como emplazamiento último el Obelisco porteño.
Queda esperar cuál es la táctica elegida por los funcionarios sanitarios. Y es que un incremento a los residentes tensará la situación con estos mismos profesionales de otras instituciones que dependen del Ministerio de Salud. Pero también presagia un recrudecimiento de las medidas al interior del mismo Garrahan: y es que hay un 90% del personal que no pertenece a ese sector (como los médicos de planta, enfermeros, personal administrativo) y que también reclama recomposiciones. A ellos sí les cabe la negociación con los directivos del nosocomio pediátrico.
La Junta Interna de ATE advirtió en un comunicado publicado ayer que “la exclusión a más del 90% de las personas que trabajan en el hospital, lejos de cerrar el conflicto lo agrava”. Así, por más que los residentes acuerden, es probable que persistan las medidas de fuerza. Esto será debatido en una asamblea general que se hará el próximo martes a las 13 horas. “Tenemos que estar todos juntos: planta y residentes, sin distinción de tarea, oficio o profesión”, convocan.
En el Gobierno reconocen la situación de los paupérrimos salarios de los médicos, pero relativizan el reclamo al poner el foco en la idea de que está siendo “fogoneado” por los gremios “que no quieren perder sus privilegios”.
La línea que bajaron desde el Ministerio de Salud era que el conflicto se había activado después de que el ministro de Salud convalidara la implementación del sistema biométrico de control de asistencia para controlar a aquellos empleados que, supuestamente, no van a trabajar. “El Garrahan no será más un refugio de ñoquis, y quien no se presente a trabajar será despedido”, marcó la cúpula del hospital en el comunicado, el cual fue revisado celosamente por los guionistas libertarios de la Casa Rosada.
“¿Por qué estalló el conflicto en el Garrahan? Respuesta: el lunes comienza el control biométrico y los ñoquis quedarán expuestos", es uno de los tuits reposteado por varios alfiles clave del Gobierno y que sintetiza la posición libertaria del asunto.
Según el Anuario 2024 del Hospital Garrahan, la cantidad de trabajadores de planta es de 4728. Estos se dividen en tres niveles. El 68% (3190 empleados) forma parte de las áreas que trabaja directamente con los pacientes, el nivel asistencial. Este grupo está compuesto por médicos de planta, técnicos, ayudantes, auxiliares y otros profesionales. Además de licenciados en medicina, hay kinesiólogos, enfermeros, psicólogos, bioquímicos y farmacéuticos, entre otros. El 20% (957 empleados) del hospital forman parte del grupo logística, mientras que otro 12% está integrado por 581 trabajadores en la conducción tanto administrativa como médica.
