Nuevamente, la discusión sobre la suspensión de las PASO vuelve al centro de la escena política. Los principales argumentos esgrimidos refieren a su costo económico y a la volatilidad política que generan.
Desglosando, poca razón hay para tomarse el tiempo y asumir el costo de organizar elecciones primarias cuando no todos los partidos las utilizan y su resultado abre un episodio de incertidumbre, dada la histórica fragilidad económica de la Argentina.
Si bien verdad no les falta a estos enunciados, los cálculos políticos son el verdadero incentivo detrás de su modificación.
Desde la implosión del sistema de partidos en 2001, cuando pasamos de un bipartidismo (PJ–UCR) a un sistema multipartidista con dos polos (kirchnerismo–antikirchnerismo), la oposición ha tenido dificultades para unificar una candidatura.
En un país donde la división es clara, tener varios candidatos de un lado del espectro ideológico y uno solo en el otro le da una ventaja competitiva al segundo.
Esta situación es también resultado de que la Argentina es un país presidencialista y, a diferencia de los parlamentarismos europeos, no existe la figura del "líder de la oposición". El líder opositor nunca será, por lo tanto, más que un posible candidato, quizás con mejores chances a priori que el resto, pero un posible candidato al fin.
En ese contexto, las PASO llegaron para ordenar. La oposición encontró en ellas una herramienta legítima para dirimir candidaturas: una herramienta que todos los competidores reconocen como válida y cuyos resultados aceptan, por más disgusto que les generen.
Si bien este mecanismo fue utilizado típicamente por el polo no peronista, la creciente faccionalización del peronismo desde 2015 podría darle a las PASO un lugar que hasta ahora no tenían dentro del justicialismo.
Desde el lado oficialista entienden que el PRO ya no tiene poder ni capacidad para ganar una elección, pero sí un amplio poder de daño.
Su participación puede ser la diferencia entre ganar en primera vuelta o ir a un balotaje, o entre llegar a ese balotaje con altas chances de ganarlo, reduciendo la volatilidad económica, o hacerlo en medio de una extrema incertidumbre.
La eliminación de las PASO pondría al PRO en clara desventaja. El gobierno podría poner a competir a un candidato fuerte en la Ciudad y, sobre esa base, negociar que el PRO no presente lista propia, obligándolo a ceder porque el riesgo de quedarse con las manos vacías pesaría más que las diferencias de los amarillos con los violetas.
Todo esto le da a los actores políticos un cálculo electoral para definir su postura frente a la suspensión de las PASO.
El peronismo puede encontrar en ellas una herramienta para unificar la candidatura, e incluso para legitimar internamente a un eventual outsider.
El gobierno, en cambio, ve en las PASO un arma que le da poder de fuego a Macri: sin ellas, centralizaría la negociación y el armado de listas.
Es probable que el gobierno termine tejiendo una coalición con el PRO, pero sin las PASO la lapicera quedará garantizada en manos de Javier Milei.
Una cuestión subsidiaria a las PASO es qué cederá el gobierno para que los gobernadores apoyen la reforma.
Quienes piensan en clave provincial tienen poco interés en los armados de la triple M (Milei, Massa y Macri). Les preocupa conservar su territorio, distritos en los que Milei es extremadamente competitivo y en los que es el presidente quien cuenta con el poder de daño.
El gobierno nacional enfrenta, entonces, un dilema. Si acuerda con los gobernadores no presentar candidatos fuertes, asegura su estrategia de negociación nacional, pero resigna la posibilidad de sumar gobernadores propios.
Si opta por correr candidatos competitivos, puede ganar provincias, pero arriesga la aprobación misma de la reforma.
Y aquí entra en juego un detalle más: el desdoblamiento. Si el gobierno decide no competir y encadena una serie de derrotas en los meses previos a la presidencial, podría generar la incertidumbre y la volatilidad económica que buscaba evitar.
Es por eso que el gobierno no encuentra una solución única, aunque Milei y Santiago Caputo guardan un as bajo la manga: incumplir lo pactado.
Es decir, acordar hoy no correr candidatos competitivos y hacerlo, llegado el momento, en 2027.
También eso tendrá sus costos, pero es un problema de 2027.
