Los sindicatos universitarios retoman este miércoles la protesta, con un paro de 72 horas para que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario, que ordena al Gobierno a actualizar los salarios del personal de la educación superior, según la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
Así lo definieron los gremios Conadu y Conadu Histórica (Conaduh), que exigen a la gestión de Javier Milei que cumpla los fallos judiciales y la norma que obliga una recomposición de los salarios universitarios. La medida de fuerza se lanzó ante la resistencia del Gobierno a acatar lo resuelto por los otros dos poderes: el Poder Legislativo y el Poder Judicial, en sus distintas instancias.
Las organizaciones gremiales sostiene que las sentencias ordenan a actualizar los haberes docentes en 33,4% sobre el último salario percibido, y que se aplique luego el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para los meses posteriores.
La huelga comenzará el mismo día en que vence el plazo fijado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, que dio lugar a la medida cautelar que presentó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Se trata de la antesala de la 5° Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre, y que impulsa el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que integra la Federación Universitaria Argentina (FUA), el CIN y los sindicatos.
El 21 de septiembre, el juez del fuero Contencioso Administrativo Federal N.º 11, Martín Cormick, intimó al Gobierno nacional a cumplir la medida cautelar en cinco días. Para los gremios docentes, la orden exige la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6 de la ley, vinculados con los salarios y las becas universitarias.
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada el 2 de octubre de 2025. Los sindicatos señalan que pasaron más de 330 días desde su aprobación, sin que el Poder Ejecutivo pusiera en vigencia las disposiciones reclamadas por las universidades.
El juez Cormick dictó la cautelar original en diciembre de 2025, tras el amparo colectivo que impulsaron representantes del CIN y de distintas casas de estudio. El planteo apuntaba a que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo subordinó la aplicación de la ley a la determinación de fuentes específicas de financiamiento, en el marco del debate parlamentario.
Finalmente, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó esa medida al entender que el Estado no había logrado desvirtuar la verosimilitud del derecho invocado por los representantes universitarios. El tribunal de alzada también advirtió que el incumplimiento podía provocar perjuicios graves y un deterioro salarial que afectara el derecho de enseñar y aprender.
Pese a estas resoluciones, el Poder Ejecutivo desoyó cada una de las instancias en la Justicia y en el Congreso.
Tras el anuncio del paro de Conadu Histórica, el otro gremio mayoritario, la Conadu, resolvió en un plenario plegarse a una medida de fuerza conjunta. En un comunicado, la federación indicó que levantaría la protesta si el Gobierno cumplía este martes con la recomposición prevista y con la intimación judicial. Dicha hipotética circunstancia, finalmente, no ocurrió.
Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, vinculó el plan de lucha con la movilización de octubre: “Tenemos plan de lucha camino a la 5ta Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre. El Plenario de la Federación expresó el tiempo que vivimos. Lo ‘colectivo’ está bajo asedio. Y es nuestra tarea, a contrapelo de este momento histórico, construir y fortalecer ‘lo colectivo’. Porque sabemos que en la unidad hay un antídoto importante contra la fragmentación e individualismo impuestos por el gobierno de Milei”.
Los sindicatos nucleados en Conadu realizaron una consulta nacional entre el 14 y el 24 de septiembre para definir las próximas medidas. Lo hicieron a través de las urnas. Durante el plenario, cada organización compartió los resultados de ese proceso en sus respectivos territorios.
Además de los días de paro, las federaciones prevén actividades de difusión y visibilización del conflicto para impulsar una convocatoria masiva en todo el país. Como ocurrió en los últimos años, la movilización buscará exponer la situación del sistema universitario nacional, el incumplimiento de la ley y las implicancias que el sector atribuye al proyecto de Presupuesto 2027.
