En un claro guiño a los mercados, el Presidente eligió el escenario de la Bolsa de Comercio para anunciar el veto al aumento para jubilados que ayer el Senado convirtió en ley. De esta manera, envió una señal contundente sobre el tema que más le preocupa a los inversores, como es el mantenimiento a rajatabla del superávit fiscal. Ayer el dólar oficial se mantuvo estable en $1.280 y las acciones tuvieron una jornada floja en Wall Street, con caídas de 2% a 3% en promedio.
Javier Milei criticó duramente a senadores y gobernadores, indicando que “lo más importante es que todos sepan que están desesperados. Esto es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa”. La lectura del Gobierno es que no hay un interés genuino por mejorar la situación de los jubilados, sino en realidad por poner en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.
El paquete legislativo aprobado por el Senado -tenía media sanción de Diputados- implica un aumento real del 7,2% para todos los haberes y pensiones, excluyendo los regímenes especiales, y eleva el bono de $70.000 a $110.000, con actualización automática por inflación.
La principal objeción oficialista radica en que este bono se convierte en un derecho permanente. Además, la restitución de la moratoria previsional por dos años permitirá el acceso al beneficio previsional a quienes no hayan completado los 30 años de apo
Mantener el superávit fiscal es la piedra angular del programa económico. Es, según la visión del Gobierno, lo que permite mantener bajo control la emisión monetaria, cimenta la estabilidad cambiaria y al mismo tiempo es clave para disminuir la inflación.
El aumento del gasto que propone la ley aprobada junto a otras iniciativas impulsadas por el Senado, a pedido de los gobernadores, implicaría que la cuentas públicas pasarían de superávit primario a déficit en cuestión de meses.
Según un cálculo realizado por la consultora Empiria, que dirige el ex ministro Hernán Lacunza, solo el incremento de las jubilaciones de 7,2%, más el incremento del bono de $70.000 a $ 115.000 más el financiamiento del déficit de las cajas provinciales, representa el 0,9% del PBI en lo que resta del año. Pero para todo el 2026 representaría ya 1,3%.
Si a esto se le suman las modificaciones de los Aporte del Tesoro Nacional, la coparticipación del impuesto a los combustibles, la moratoria previsional y los aumentos en la ayuda por discapacidad el aumento del gasto representa 2,5% del PBI el año próximo.
Por lo tanto, estos proyectos sumados evaporarían sin lugar a dudas el superávit fiscal, que este año el Gobierno comprometió mantener en niveles de 1,6% a nivel primario. La interpretación del oficialismo es que se trata en todos los casos de presiones para aumentar el gasto justo antes de las elecciones legislativas.
Sin la promesa del veto, la reacción de los mercados ante estas novedades del Congreso resultarían sumamente negativas. El peligro cierto es que se produzca una fuerte caída en el precio de los bonos y una suba del riesgo país. Además, tal como advirtió el ministro de Economía Luis Caputo, esto también podría generar mayor volatilidad cambiaria.
Por otra parte, la iniciativa legislativa genera nerviosismo entre muchos inversores que advierten que mantener el superávit fiscal no es un compromiso de todas las fuerzas políticas, sino solamente del Gobierno.
La respuesta de los gobernadores y de los senadores que votan a favor de estas iniciativas es que en realidad el Gobierno tiene muchas opciones para reducir el gasto y no lo hace. Una de las opciones mencionadas tiene que ver con los gastos en inteligencia. El oficialismo, sin embargo, presiona a las provincias para que bajen el gasto y reduzcan impuestos. Será una de las grandes discusiones dentro de la reforma impositiva que el Gobierno quiere encarar luego del 10 de diciembre, cuando el Congreso ya tenga una nueva conformación.
