El Banco Central deberá ceder USD 1.740 millones de sus reservas hasta las elecciones legislativas por las obligaciones de pago en moneda extranjera que acumulan empresas con obligaciones negociables emitidas y por provincias que tengan que pagar intereses y capital de sus bonos,
En medio de una tensión cambiaria continuada que en los últimos días obligó al Gobierno a intervenir con contratos de dólar futuro y este martes reabriendo el canal de pases pasivos con los bancos para absorber pesos y así frenar la presión dolarizadora, el nivel de reservas sigue siendo uno de los números decisivos que observa el mercado para los próximos meses.
El tercer trimestre suele ser, estacionalmente, el de menores ingresos por la vía de liquidación de exportaciones ya superada la ventana de la cosecha gruesa en el agro. En este lapso el Gobierno necesitará defender la estabilidad cambiaria con menos oferta del sector privado y en un contexto de demanda por importaciones y uso de divisas para turismo.
Pero también habrá otro elemento que pondrá presión al frente de las reservas que son los pagos de deuda, no solo de la Nación (en agosto vencerán USD 850 millones con el FMI, solo como el ejemplo más cercano) sino también de deuda corporativa de gobernadores.
Según estimaciones hechas por Portfolio Personal Inversiones (PPI) y por Aurum Valores, dos consultoras financieras, entre empresas y provincias habrá pagos de obligaciones en moneda extranjera por unos USD 1.740 millones hasta octubre. En forma detallada se observa que entre las gobernaciones el mes más exigente será septiembre con algo más de USD 500 millones. La gran mayoría (USD 375 millones) está explicado por la provincia de Buenos Aires.
También habrá otras jurisdicciones con pagos comprometidos, aunque en cuantías mucho menores, como Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén y Río Negro. Entre todas, hasta octubre, deberán pagar poco más de USD 780 millones. Por el lado de las compañías con ON en dólares, los picos de giros a sus acreedores pre elecciones tendrán lugar en agosto y en octubre, con más de USD 260 millones en cada caso. Post turno electoral incluso acelera hasta USD 400 millones mensuales en el cierre del año.
Estos pagos tendrán lugar, como fue dicho, durante el trimestre con menor oferta privada y las típicas tensiones cambiarias de un año con comicios. Los analistas de Portfolio Personal Inversiones plantearon que “los productores podrían estar comprando dólar oficial y los exportadores dólares financieros con lo liquidado por el MULC”. Aclararon que existe “una restricción cruzada” que impide comprar divisas en ambos mercados al mismo tiempo, pero no impide “que se liquide en uno (oficial) y se compre en el otro (financiero)”.
El informe también describió un “salto estacional en el pago de importaciones energéticas”. Señaló que, “a pesar de la mayor producción de Vaca Muerta, la importación de GNL está apenas 15% por debajo de los niveles de 2024”. Además, advirtió que “la estacionalidad de las importaciones sigue escalando hasta su pico típico en septiembre”. Recordó que desde la implementación del nuevo esquema cambiario el 14 de abril, “los importadores tienen acceso inmediato al MULC”.
PPI mencionó que “la típica dolarización preelectoral podría ya haber arrancado”. Si bien la elección nacional de medio término será el 26 de octubre, destacaron que “los tiempos podrían haberse adelantado con el desdoblamiento de la elección en la Provincia de Buenos Aires, que será el 7 de septiembre”. El informe recordó que en años sin cepo “la formación neta de activos externos de las personas humanas se duplicó o triplicó previo a los comicios, sin importar el andar de la economía o el signo político del oficialismo”.
Finalmente, el análisis advirtió que “ante la creciente volatilidad del tipo de cambio, ciertos inversores podrían haber optado por cerrar sus posiciones de carry trade”. Destacó que “la expiración de las LEFI y la consecuente reconfiguración del esquema de tasas de interés redundó en fuertes bajas en las tasas overnight y de LECAPs cortas”, lo que dio “atractivo relativo al dólar”.
Por su parte, PxQ consideró que tan cerca de las elecciones legislativas, “una mayor volatilidad en el frente cambiario podría implicar un riesgo para la estrategia anti inflacionaria de LLA”. El documento subraya que el control de precios es, al mismo tiempo, “su principal estrategia electoral”.
El texto identifica varios elementos que podrían colaborar con la política antiinflacionaria oficial. Entre ellos menciona “la extensión de la baja temporal de las retenciones”, aunque advierte sobre “el riesgo de retomar la dinámica del dólar-soja, luego de un adelantamiento muy importante de reservas por parte del sector”.
También se señalan “emisiones en moneda extranjera de corporativos y provincias” y “ingreso de divisas de no-residentes para inversión de portafolio” como factores de alivio para la estrategia oficial.
El informe aclara que si estas fuentes de divisas no alcanzan, “el Gobierno parece decidido a intervenir en el mercado cambiario”. Según el análisis, la intervención podría darse “de forma directa apretando aún más la tasa de interés” y también “de forma indirecta, mediante la venta de futuros de dólar”.
