El Gobierno nacional aprobó el modelo de Contrato de Concesión entre el Estado Nacional y la empresa Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA).
La resolución 543/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial establece las bases para una nueva etapa en la gestión y provisión de servicios esenciales a más de quince millones de habitantes.
La aprobación del contrato responde a la necesidad de dotar al proceso de privatización de AySA de un marco normativo preciso y actualizado, capaz de garantizar la continuidad en la prestación del servicio.
La decisión fue adoptada en el contexto de la implementación de la ley 27.742, que declaró “sujeta a privatización” a AySA y encomendó al Ejecutivo la organización de los procedimientos necesarios para llevar adelante la venta de la mayoría accionaria a un operador estratégico.
El contrato de concesión aprobado regula la provisión del servicio público de agua potable y recolección de desagües cloacales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en veinticinco partidos del conurbano bonaerense, incluyendo áreas densamente pobladas como La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora, San Isidro, Tigre, Florencio Varela, Merlo y Morón, entre otros. Además, establece la prestación del servicio de recepción de efluentes cloacales en bloque en el partido de Berazategui, asegurando la cobertura de un territorio clave para la infraestructura sanitaria nacional.
A partir de la aprobación del contrato, requieren que AySA cumpla con el Plan de Acción de Transición por el período que resta del año en curso; y contemple la integración de metas y obligaciones que se extiendan más allá de ese plazo en el primer ciclo tarifario, comprendido entre enero de 2027 y diciembre de 2031.
Una de las características centrales del nuevo esquema es la preservación de la continuidad del servicio. El Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación, tiene la responsabilidad de adoptar todas las medidas necesarias para evitar interrupciones y garantizar que la transición hacia la mayoría accionaria privada no afecte la calidad ni la cobertura de la prestación.
La venta de al menos el 51 % del paquete accionario de AySA a un operador estratégico será realizada a través de licitación pública nacional e internacional, mientras que el remanente podrá ser colocado en bolsas y mercados del país.
El nuevo contrato de concesión, que se firma entre el Estado Nacional y AySA, busca dotar de mayor claridad a los derechos y obligaciones de ambas partes, en línea con las recomendaciones del Informe Circunstanciado elaborado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Este informe remarcó la importancia de que la privatización implique no solo una transferencia de acciones, sino una transformación profunda que asegure la sustentabilidad, eficiencia y transparencia del servicio.
La medida también contempla la posibilidad de negociar las condiciones de retrocesión y extinción de contratos cuando sea necesario para avanzar en el proceso privatizador, tal como lo permite el marco normativo vigente. El contrato aprobado será la referencia para fijar los derechos y responsabilidades del futuro concesionario, así como para establecer los parámetros de control y fiscalización por parte de la autoridad concedente.
En las últimas horas, el Gobierno nacional dispuso limitar los incrementos mensuales en las tarifas de agua potable y desagües cloacales de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) en el Área Metropolitana de Buenos Aires hasta agosto próximo. La medida, publicada mediante la resolución 14/2026 en el Boletín Oficial, estableció que los aumentos no podrán superar el 4% mensual hasta abril y, desde mayo hasta agosto, el límite descenderá al 3% por mes, siempre que el mecanismo de actualización oficial arroje un valor inferior.
La decisión fue adoptada tras la revisión de informes económico-financieros presentados por AySA y busca equilibrar la viabilidad económica de la concesionaria con la protección de los usuarios ante subas abruptas. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) modificó la resolución 53/25 para fijar estos topes, en un contexto donde el esquema tarifario vigente fue implementado en 2007 y actualizado por decreto en 2025, otorgando al ente funciones de control sobre la prestación, los aspectos económicos y la atención de reclamos.
