
Malvinas y Vaca Muerta: las 15 empresas y empresarios que Milei busca sancionar

El Gobierno de Javier Milei amplió la ofensiva contra las empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y abrió nuevos procedimientos sancionatorios contra 15 empresas y personas que, según la administración libertaria, habrían violado las prohibiciones establecidas por la Ley N° 26.659.
La nueva nómina está integrada por ocho empresas y siete personas, vinculadas como accionistas, directivos o proveedores estratégicos de las petroleras que participan de los proyectos cuestionados, confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo.
Las empresas bajo la lupa
Entre las compañías alcanzadas aparece Shlomo Eliahu Holdings Ltd., de Israel, señalada como accionista de Navitas Petroleum LP, una de las operadoras del proyecto petrolero Sea Lion.
También fueron incluidos cuatro accionistas de Rockhopper Exploration PLC: Aberdeen Group PLC y HBOS Investment Fund Managers Ltd., ambas del Reino Unido; SMR Advisors (Monaco) SAM, de Mónaco; y Mizrahi Tefahot Bank Ltd., de Israel.
En el caso de Borders & Southern, el procedimiento alcanza a David Williamson Dobson, también identificado en el documento como David Harry Williamson Dobson, quien figura como accionista y presidente no ejecutivo de la compañía.
La nómina vinculada a Eco incluye a Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll y Gadi Levin, en distintos roles como accionistas y directivos.
- 15 nuevos sujetos quedaron alcanzados por los procedimientos, en una investigación que ya suma 60 personas humanas y jurídicas.
- Son ocho empresas y siete personas vinculadas a los proyectos.
- El universo total de investigados ya asciende a 60 sujetos.
Los proveedores estratégicos
La lista se completa con tres compañías relacionadas con la provisión de infraestructura: Bluewater Energy Services BV, de Países Bajos; Bluewater Sea Lion Production Company Limited, del Reino Unido; y Noble Corporation UK Ltd., también británica y señalada como casa matriz de un proveedor estratégico.
Los nuevos expedientes se suman a los procedimientos que el Gobierno ya había iniciado contra otros 45 sujetos, por lo que el universo de personas humanas y jurídicas investigadas asciende ahora a 60.
La Oficina del Presidente había anticipado que continuaría identificando a todos los actores involucrados en la explotación de recursos sin autorización argentina y que avanzaría con los correspondientes sumarios administrativos.
"La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía", sostuvo el Gobierno al anunciar la ampliación de los procedimientos.
Qué sanciones prepara el Gobierno
El vocero presidencial, Adrián Ravier, advirtió que las sanciones previstas por la Ley 26.659 alcanzarán tanto a las operadoras como a sus accionistas, directivos y proveedores.
"Cualquier empresa o proveedor que esté asociado a la exploración o explotación en la zona de Malvinas no va a poder hacer ningún tipo de acuerdo con el Gobierno argentino", afirmó Ravier durante su conferencia de prensa de los martes.
Según explicó, las firmas alcanzadas tampoco podrán adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), acceder a beneficios fiscales ni participar en proyectos energéticos como Vaca Muerta.
La medida apunta así no solo a las empresas directamente involucradas en la actividad hidrocarburífera en las islas, sino también a quienes mantienen vínculos societarios, directivos o comerciales con esos proyectos.
El conflicto por los hidrocarburos
La ofensiva del Gobierno se concentra en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos desarrolladas en las Islas Malvinas sin autorización argentina. Para la administración de Milei, la participación de empresas, inversores y proveedores en esos proyectos configura una violación de las restricciones previstas por la legislación nacional.
Con la ampliación de los procedimientos, el Gobierno busca elevar el costo económico y comercial para las compañías involucradas, al impedirles futuras relaciones con el Estado argentino y limitar su acceso a algunos de los principales incentivos destinados a las inversiones.
El Ejecutivo anticipó que los sumarios continuarán y que seguirá identificando a otros actores que participen directa o indirectamente de las operaciones hidrocarburíferas cuestionadas en Malvinas.


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