Edgardo
En medio de la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el Gobierno avanza en los procedimientos para la privatización de la concesión de los casi 6.000 kilómetros de rutas y autopistas que actualmente están en manos de la empresa pública Corredores Viales Sociedad Anónima. El presidente Javier Milei tiene previsto “dar de baja el CUIT”, o cerrar la compañía, una vez adjudicados todos los tramos.
La Red Federal de Concesiones abarca 9.342 kilómetros, distribuidos en trece tramos que representan el 20% de la red vial nacional. Este segmento concentra el 80% del tránsito, por lo que se proyecta implementar un sistema de concesión de obra pública por peaje. Según informó la DNV, este proceso continuará bajo su supervisión, aunque se anunció su cierre definitivo, y se desarrollará en tres etapas.
La primera etapa abarca aproximadamente 700 kilómetros, entre los que se incluye la conocida Ruta del Mercosur. Está previsto finalizar este tramo el 5 de agosto, fecha en que se abrirán los sobres de la licitación tanto local como internacional.
En la segunda etapa se incluyen ocho tramos con más de 4.400 kilómetros de rutas, actualmente gestionadas por Corredores Viales S.A., sumándose otras que no estaban concesionadas. Entre ellas figuran la RN 33 en Santa Fe y Buenos Aires, la RN 35 en Córdoba y la RN 188 en Buenos Aires y La Pampa. Los pliegos ya fueron publicados, pero aún no ha comenzado la recepción de ofertas.
La tercera etapa está formada por más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales, de los cuales unos 2.400 kilómetros son gestionados por Corredores Viales S.A., agrupados en ocho tramos: Cuyo (RN 7), Centro-Norte (RN 34), Noroeste (RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016), Chaco-Santa Fe (RN 11), Litoral (RN 12 y 16), Noreste (RN 12 y 105), Mesopotámico (RN 12, 18 y A-012) y Centro (RN 9, 19 y 34).
La Dirección Nacional de Vialidad comunicó que los días 30 de junio, 2, 4 y 7 de julio se celebraron las Audiencias Públicas correspondientes a la etapa III de la Red Federal de Concesiones. Además, detalló que el viernes 11 de julio se llevará a cabo una instancia adicional de intercambio para consultas y sugerencias de posibles oferentes interesados en los proyectos.
Desde el Gobierno subrayan que la privatización mediante concesión permitirá extinguir los contratos de concesión vigentes y avanzar hacia el cierre de Corredores Viales, que solo en 2023 registró un resultado negativo superior a los $142.000 millones. “Todo ello, en pos de generar nuevas concesiones destinadas a capitales privados que permitirán generar un ahorro en los gastos del Tesoro nacional de, aproximadamente, USD 6.100 millones”, afirman fuentes oficiales.
El sistema contempla beneficios para los usuarios respecto a las concesiones actuales, dado que prevé tarifas tope máximas que podrán ser ofertadas, según explicó el Gobierno. “Las tarifas vigentes al momento de la oferta no podrán modificarse hasta que la empresa garantice las óptimas condiciones de circulación en las trazas, cumpliendo parámetros como: bache cero, calce de banquinas, señalización horizontal y vertical e iluminación”, precisaron.
Según datos oficiales recogidos por Infobae, Corredores Viales contaba con 3.307 empleados al cierre de junio. Esta empresa es una de las tres sujetas a privatización según la Ley Bases, dentro de un total de ocho. Cerró el primer semestre con un superávit financiero de $5.200 millones, lo que implicó que no requiriera transferencias del Tesoro nacional.
Funcionarios consideran esencial atender a los tiempos políticos y económicos en la estrategia de privatización. Por ello, la mayoría de las operaciones se concretarán tras las elecciones, con la expectativa de que la estabilidad macroeconómica motive nuevas inversiones privadas. En el corto plazo, existe la proyección de que podrían ingresar miles de millones de dólares a través de las primeras concesiones.
