El Gobierno podría necesitar en lo que resta del año una nueva ronda de ajuste del gasto para asegurarse la meta de superávit fiscal que se autoimpuso y comprometió luego ante el Fondo Monetario Internacional. Una de las razones está ligada a que la recaudación podría ser más leve en los próximos meses por la baja de retenciones permanente y también en el marco de una economía más tímida.
El resultado fiscal de julio, en un dato que dio a conocer la Secretaría de Hacienda este lunes, fue de superávit de 1,7 billones de pesos en el balance primario y de déficit financiero de unos 0,16 billones de pesos. Este rojo fiscal estuvo explicado por la alta carga de intereses de deuda por el pago de los bonos en moneda extranjera ese mes.
El paisaje general muestra que el excedente primario acumulado equivale a 1,1% del PBI y, el financiero, el 0,3 por ciento del Producto. Así, el equipo económico estaría encaminado a cumplir el 1,6% del PBI hacia fin de año, un objetivo que primero se planteó el Poder Ejecutivo como señal a los mercados, un número más alto de lo estipulaba el acuerdo con el FMI. Finalmente ese número terminó cristalizado en el programa con el organismo.
En el mercado la lectura es que En lo que va de 2025, el gasto primario acumula el 9,3% del PBI, según un informe de LCG. La consultora indicó que se trata de un sendero fiscal más acomodado que la observada en igual período del año pasado y también de 2023.
No obstante, advirtió que esa dinámica podría ajustarse en los próximos meses. “Muestra una trayectoria en términos del PBI más ‘holgada’ que la que registró en 2024 (y también en 2023) para esta altura del año. No obstante, dado el compromiso del gobierno en materia fiscal, entendemos que con ingresos moviéndose a la baja (por ejemplo, con la reciente baja de retenciones generalizada), está dinámica será ajustada en los próximos meses”, indicó esa consultora. “Los vetos a los últimos proyectos aprobados por el Congreso parecen enmarcarse dentro de esta decisión”, evaluó el reporte, en referencia a iniciativas que implicaban aumentos en el gasto público.
LCG recordó que 2025 comenzó con menores ingresos por la eliminación del Impuesto PAIS, la reducción de Bienes Personales, el recorte de aranceles y, más recientemente, la reducción permanente de retenciones. En ese marco, alcanzar la meta de superávit primario comprometida con el FMI “demandaría una nueva ola de ajuste”. Por el momento, ese esfuerzo se concentra en “la reversión de subsidios (-43% anual real en los primeros siete meses), el ajuste del gasto salarial (-6% anual real en el mismo período, por la reducción de la planta de empleados y salarios contenidos) y en lo que queda de obra pública (-9% anual real)”.
La consultora advirtió que cualquier demanda de mayor gasto será bloqueada por el Poder Ejecutivo, como ocurrió con los vetos a las leyes que preveían aumentos de jubilaciones, la reinstauración de la moratoria previsional o la declaración de emergencia en materia de discapacidad.
Por su parte, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) analizó la evolución del gasto primario nacional en los primeros siete meses del año, que registró una suba real del 3,6% interanual. “De los 16 componentes del gasto, nueve tuvieron incrementos interanuales en términos reales y siete registraron caídas”, puntualizó el organismo.
Entre los rubros con mayor crecimiento, Iaraf destacó las transferencias de capital a provincias (+127%), las transferencias corrientes a provincias (+126,9%) y la Asignación Universal por Hijo (+33%). En cambio, los mayores retrocesos se verificaron en los subsidios a otras funciones (-67,7%), los subsidios a la energía (-55%) y los programas sociales (-29%).
El informe subrayó además que, en términos de intensidad, las provincias encabezaron el listado de incrementos debido al fuerte ajuste aplicado durante 2024. Asimismo, marcó la diferencia entre el alza del gasto en jubilaciones (+21,7%) y la caída de subsidios y programas sociales. Según el cálculo de Iaraf, la merma de subsidios equivalió al 55% del aumento en jubilaciones, mientras que la reducción de programas sociales representó el 41% de esa misma suba.
