El ministro del Interior, Diego Santilli, anticipó este viernes que el gobierno nacional buscará reponer en el Senado el capítulo 11 del Presupuesto 2026 que propuso el presidente Javier Milei, que incluía las derogaciones de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario y que la oposición logró rechazar durante el tratamiento y media sanción en Diputados.
“Ese punto te puede generar un desequilibrio hacia adelante, que para mí hay que corregirlo en el Senado”, sostuvo el funcionario nacional, en diálogo con Radio Mitre, al ser consultado sobre el tratamiento parlamentario de la iniciativa oficialista. Y apuntó al rol de los gobernadores: “Hay muchos que entienden ese cambio cultural que el presidente ha planteado. De hecho, han bajado 2.5% de su gasto, han ordenado”.
“Hubo gobernadores que no pudieron convencer de ese cambio cultural a muchos o a algunos de sus diputados”, insistió Santilli. Según el funcionario, el bloque libertario trabajará en el Senado “para corregir ese articulado”, aunque destacó el aval en general que tuvo el Presupuesto 2026. “Lo que se logró es un paso muy importante, venimos de tres años sin presupuesto”, aseguró.
En esta línea, el Ministro del Interior sostuvo que la discusión se centra en el exceso de asignaciones por encima de la norma, lo que podría generar un desequilibrio fiscal. “Es innegociable tener un presupuesto que dé crecimiento, que tenga equilibrio fiscal, que genere trabajo, que son los temas que estamos discutiendo en este periodo de seis meses”, afirmó.
El enojo del PRO y la relación con Ritondo
Por otro lado, Santilli se refirió al enojo que planteó el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, tras la designación de los auditores en la Auditoría General de la Nación (AGN), que se realizó antes de finalizar la maratónica sesión en Diputados. “La relación está rota. Les va a costar mucho volver a ganarse nuestra confianza. Hace dos años los ayudamos desinteresadamente y ahora acuerdan con el kirchnerismo”, señalaron desde la bancada amarilla.
La propuesta para designar como auditores a Mónica Almada, por La Libertad Avanza; Juan Forlón, por el kirchnerismo; y Pamela Calletti, aliada del gobernador salteño, Gustavo Sáenz, se hizo sin la presencia del PRO, Provincias Unidas, la UCR y la Coalición Cívica.“Fue una maniobra burda. Designaron auditores de la AGN sin consenso, solo por un acuerdo político entre LLA y UP. Son dos caras de la misma moneda con este tema. No vemos que haya sido error reglamentario", criticó un histórico diputado macrista, ayer, ante la consulta de Infobae.
Sobre esta postura, Santilli señaló que “la calentura del momento es válida”, aunque sostuvo que ambos partidos buscarán la forma de “encontrar un camino” para seguir trabajando juntos. “El trabajo que hace Cristian es muy importante y el trabajo que viene haciendo el PRO sosteniendo las reformas también lo es”, indicó.
El partido que lidera el expresidente Mauricio Macri tenía la intención de ubicar dentro de la AGN al exministro de Trabajo, Jorge Triaca. Sin embargo, el gobierno negoció esos lugares con Unión por la Patria y los gobernadores del norte del país. “El PRO tenía su candidato en el momento en que tenía un bloque muy grande, pero son muy importante para el trabajo cotidiano de lo que viene hacia adelante”.
De cara a los próximos desafíos, Santilli destacó la importancia de avanzar con la reforma laboral y la necesidad de diálogo con la Confederación General del Trabajo (CGT). “Tenemos dictamen, primero para empezar. Esto no pasaba nunca. Y se han recepcionado casi dos mil pedidos de audiencia y de discusión sobre la temática”, explicó. El ministro consideró que el Senado representa una oportunidad para abrir el debate y fijar el rumbo de las reformas. “Ahora tenés una oportunidad en el Senado con... después de haber dictaminado... Porque, ¿cuál es la importancia de dictaminar? Fijaste el rumbo y el norte. Fijaste el número y fijaste una mayoría. Entonces, eso fija un camino”, argumentó.
Santilli también se refirió a la situación del empleo formal en el país y la necesidad de incorporar a millones de trabajadores al sistema. “Argentina tiene veintitrés millones de argentinos con posibilidad de trabajo. Seis millones lo tienen en el sector privado formal, tres millones el sector público. ¿Qué pasa con el resto de los catorce millones? Entonces, ahí empieza la discusión”, planteó. El ministro defendió la reforma laboral como un instrumento para reducir la informalidad y mejorar la protección de los derechos de los trabajadores.
