Este miércoles, el Gobierno nacional apeló la medida cautelar que lo obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión se produjo luego del fallo que ordenó al Estado nacional actualizar los salarios docentes y las partidas presupuestarias destinadas a las universidades.
Según pudo saber este medio, el Poder Ejecutivo presentó el recurso ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, a través de la Procuración del Tesoro. Además, solicitó que la apelación sea concedida con efecto suspensivo.
La cautelar había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario. La presentación contaba con el respaldo de más de 40 universidades públicas.
En su momento, el magistrado consideró que el Decreto 759/2025 -que suspendió la ejecución de la Ley 27.795 y estableció que la norma solo podrá aplicarse cuando se determinen recursos específicos para solventarla- tenía rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
Además, sostuvo que existía una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico” ante la demora, por su impacto en el funcionamiento universitario.
Sin embargo, Nación calificó la decisión judicial como “arbitraria” y argumentó que la ley requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes en el Presupuesto. Según el Gobierno, la cuestión presupuestaria compete al Congreso de la Nación y no al Poder Judicial. También advirtió sobre sus posibles efectos en el equilibrio fiscal.
En el recurso, se objetó la imparcialidad del juez de primera instancia y se sostuvo que el magistrado, por desempeñarse como docente universitario, integra el grupo de personas beneficiadas por la medida de recomposición salarial.
Sin embargo, la Cámara rechazó la recusación al no encontrar pruebas de un interés personal. Ahora, esta última deberá resolver si confirma o deja sin efecto la medida cautelar, con consecuencias directas en el financiamiento y los haberes de las universidades.
En los últimos días, el Ejecutivo comenzó negociaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)para impulsar una reforma en el financiamiento de las universidades públicas, con la intención de garantizar viabilidad fiscal y atender los reclamos históricos del sector académico.
El conflicto escaló notablemente entre 2024 y 2025, cuando masivas movilizaciones estudiantiles y gremiales tomaron las principales ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintas provincias.
En una segunda Marcha Federal en octubre de 2024 y una nueva protesta el 17 de septiembre de 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, cientos de miles de personas salieron a las calles para rechazar la decisión del Gobierno de vetar la ley de financiamiento universitario, que ya había contado con la aprobación parlamentaria.
Para encauzar la situación y evitar una profundización del conflicto tanto en el plano legal como en el judicial, la estrategia oficial apunta a elaborar una ley que no derogue el esquema financiero actual, sino que lo modifique, buscando el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma capaz de reemplazar la anterior. Desdela Secretaría de Educación, se subraya el compromiso por alcanzar una solución que otorgue no solo recursos, sino también seguridad jurídica a las universidades.
En este contexto, el secretario de Educación Carlos Torrendel y el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez mantuvieron una reunión con Carlos Greco y Franco Bartolacci, presidente y vicepresidente del CIN, para comenzar a tejer respaldos institucionales al proyecto antes de su presentación parlamentaria.
Durante el encuentro, Greco calificó la reunión como “de acercamiento en la dirección correcta” y expresó: “Nos vamos con expectativa de que podremos avanzar en la resolución de algunos de las demandas que tenemos”. Por su parte, Bartolacci destacó que persisten “muchos temas que quedan por resolver”, aunque consideró el diálogo “un paso en la dirección correcta”.
Según fuentes del Ejecutivo, la nueva ley pretende responder a la demanda de previsibilidad fiscal, reclamada por el Gobierno, y de garantías jurídicas, solicitadas por el sector universitario. Para agilizar el trámite y evitar nuevas confrontaciones públicas, el Gobierno busca la sanción de una norma que resuelva la negociación presupuestaria y cierre los frentes legales en una única instancia parlamentaria.
