La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno va a presentar una denuncia por terrorismo contra los responsables de los hechos violentos registrados durante el debate de la reforma laboral en el Congreso. La funcionaria detalló que los incidentes no solo representaron una agresión contra las fuerzas de seguridad, sino una acción organizada destinada a desestabilizar el orden institucional.
Denuncia por terrorismo: un cambio de enfoque penal
Monteoliva remarcó que los actos violentos durante la protesta excedieron el marco de las manifestaciones tradicionales. “Gente con bidones de nafta y bombas Molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar”, sostuvo. Para la ministra, el objetivo no fue solamente agredir a la policía: “Fue un acto de terrorismo”.
La funcionaria adelantó que el Gobierno va a consolidar la información para presentar una denuncia federal, invocando la figura de terrorismo prevista en la legislación argentina. “Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba Molotov es una bomba. Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, afirmó Monteoliva.
En la Argentina, la Ley Antiterrorista (N° 26.734) incorpora penas agravadas para quienes cometan delitos con el objetivo de sembrar terror en la población o de obligar a autoridades públicas a tomar decisiones. La calificación de terrorismo implica una investigación federal, detenciones sin excarcelación inmediata y penas más severas, lo que marca un cambio drástico respecto de la habitual tipificación de estos delitos como simples daños o atentados contra la autoridad.
El operativo y los protocolos policiales: justificaciones y límites
Monteoliva defendió el accionar de las fuerzas de seguridad durante la jornada. Sostuvo que se siguieron estrictamente los protocolos de actuación para evitar un daño mayor y minimizar el número de heridos. Explicó que la prioridad fue dispersar el foco de violencia con agua y gases antes de que intervinieran las brigadas de detención.
“La intención primera es dispersar precisamente para desconcentrar ese conflicto que se había focalizado en dos o tres puntos”, señaló la ministra. Sobre las críticas por no haber detenido a los agresores en flagrancia, argumentó: “No había manera de detenerlos con brigadas en ese momento cuando están tirando bombas Molotov”. Remarcó la importancia de garantizar la seguridad de los efectivos y evitar que la intervención precipitara una escalada aún mayor de violencia.
La ministra también respondió a los cuestionamientos sobre la supuesta pasividad de los uniformados que custodiaban las vallas: “Cada valla pesa cien kilos, no es una latita. El esfuerzo y la expertise para amarrarla es fundamental, porque si se caen pueden provocar un efecto dominó peligroso para todos”.
Identificación y perfiles de los implicados
Monteoliva confirmó que las autoridades están en proceso de identificación de los responsables de los disturbios, con más de una decena de personas reconocidas hasta el momento y un número mayor de detenidos desde el mismo día de los incidentes. “Ya vamos más de diecisiete identificados. Seguimos identificando, porque con el ok de la Justicia, la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la fiscal Malena Mercuriali, interviene en la causa”, detalló.
El proceso, según la ministra, incluye el análisis de imágenes captadas por las cámaras de las fuerzas federales, las cámaras de la Ciudad y las transmisiones de los medios de comunicación. Entre los sistemas mencionados, el Sistema Luna permite comparar rostros en bases de datos policiales, mientras que otros, como Jessie, se utilizan para el análisis de antecedentes y registros biométricos.
Los perfiles de los identificados son variados: “Hay personas de veinte años y otras de más de sesenta, la mayoría de la provincia de Buenos Aires y algunos de Ciudad de Buenos Aires, Tucumán y Salta”. Monteoliva aclaró que no todos tienen antecedentes penales, pero remarcó que existen casos con un historial delictivo extenso. También mencionó la posible pertenencia de los implicados a barras bravas y agrupaciones de izquierda combativa o anarquistas.
Desmentida de rumores sobre infiltrados y versiones conspirativas
Monteoliva rechazó de plano las versiones que circularon en redes sociales y algunos medios, que sugerían la presencia de policías infiltrados entre los violentos: “Eso de estar diciendo que es un policía o que es un expolicía, no sé de dónde lo sacan. Es un disparate pensar que el Gobierno genere ese tipo de situaciones”.
La ministra calificó esas teorías como “una locura” y subrayó que toda la actuación oficial está judicializada y documentada. “Lo único que faltaría sería que en cualquier momento digan que era yo la que estaba con la gomera”, ironizó.
Consecuencias y críticas al sistema judicial
Monteoliva informó que el saldo de la jornada fue de más de setenta detenidos y un número reducido de heridos, sin víctimas de gravedad. “Dentro del balance del día, por suerte solo fueron siete efectivos golpeados y los civiles lastimados no tuvieron heridas de gravedad”, destacó.
Sin embargo, la ministra cuestionó la rapidez con que la Justicia suele liberar a los detenidos en estos casos, y adelantó la necesidad de revisar los protocolos para futuras marchas, incluyendo la posibilidad de controles más estrictos sobre mochilas y banderas.
Opinión de Monteoliva sobre la baja de la edad de imputabilidad
Hacia el final de la entrevista, la ministra celebró la media sanción en Diputados sobre la baja de la edad de imputabilidad. “Me pareció realmente empezar a saldar una deuda con los familiares de las víctimas. Es un desafío grande, pero es responderle a quienes también son víctimas indirectas de muchísimas situaciones”, sostuvo.
