La industria yerbatera de Misiones enfrenta una situación crítica por la desregulación del mercado, la caída abrupta en el precio de la materia prima y la concentración económica en grandes empresas. La crisis afecta directamente a productores, quienes aseguran que venden por debajo de sus costos de producción. El conflicto engloba a unas 50 mil familias y pone en riesgo la estabilidad de uno de los sectores clave para la economía provincial.
Julio Peterson, productor yerbatero de la tierra colorada explicó, en diálogo con Infobae Al Amanecer que, en la actualidad, el costo de producir un kilo de hoja verde asciende a $435, mientras que los compradores ofrecen $260. “Es inviable seguir así”, señaló. La brecha entre los costos y el precio que reciben generó que muchos pequeños productores y cooperativas no puedan sostener su actividad.
El reclamo de los productores surge tras el DNU 70/2023 emitido por el Gobierno de Javier Milei donde, se le sacó al Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) la facultad de regular los precios y de intervenir en el mercado. Es decir, dejó de decidir cuánto se paga por la yerba y pasó a que el precio lo definan directamente las empresas y el mercado. Según destacó el productor, esto fortaleció a las grandes empresas y provocó una fuerte caída en lo que cobran por la materia prima.
La actual estructura del mercado está marcada por el dominio de dos grandes empresas: Playadito y Las Marías, que concentran el 48% de la molienda nacional. “El resto se maneja en las pequeñas industrias. ¿Qué es lo que hacen ellos? Provocan, con el poder económico que tienen, la necesidad que tenemos nosotros de poder vender. Nos asfixian ante la necesidad del empobrecimiento y nos ofrecen precios irrisorios”, sostuvo Peterson.
De acuerdo con el productor, “históricamente, nosotros recibíamos entre el 10% y el 15% de lo que ustedes pagaban un kilo de yerba en góndola. En este momento estamos en el 3%”. Esta situación llevó a que las cooperativas quedaran al borde del colapso financiero, presionadas por precios bajos en la cadena de comercialización y la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones.
Peterson describió que, a diferencia de otros contextos políticos, la actual administración nacional se mantiene distante y no ofrece soluciones concretas. “Es el primer gobierno que se basa en excusas. Es el primer gobierno que vas a Buenos Aires, no trae soluciones y lo único que hay es vacío. No hay solución, no hay respuestas concretas”, sostuvo.
En ese sentido, las asociaciones de productores presentaron una demanda judicial para que la Justicia federal evalúe la derogación del artículo del DNU que eliminó la fijación del precio por ley. El objetivo es restablecer un precio de resguardo oficial que cubra los costos de producción y brinde previsibilidad a los productores.
La industria representa la segunda economía más importante de Misiones. Según Peterson, el volumen de producción ronda los mil millones de kilos de hoja verde anuales. A precios actuales, esto equivale a unos $250 mil millones. “Solamente el año pasado perdimos más de $80 mil millones en nuestra economía, la parte agricultora. Más de $80 mil millones”, remarcó el productor.La desregulación, lejos de mejorar los precios al consumidor, provocó un alza en las góndolas y una reducción drástica de ingresos para los productores y trabajadores yerbateros. “El kilo de yerba hoy debería estar $500. El kilo de yerba de hoja verde está a $250, provocado por una desregulación, pero el paquete ha subido dos veces la góndola”, indicó Peterson.
Pese a la crisis local, la exportación creció año a año. No obstante, el consumo interno muestra una baja, atribuida a la situación económica del país. “El trabajador, la clase media adquisitivamente está mal”, explicó el productor misionero.
Un aspecto alarmante de la crisis es el éxodo de mano de obra hacia Brasil. Más de 10 mil trabajadores migraron al país vecino y, de ellos, solo unos 2 mil regresaron a Misiones. “Hay más de ocho mil trabajadores nuestros que se fueron y no volvieron más”, precisó Peterson. El fenómeno afecta principalmente a trabajadores calificados en el rubro yerbatero y profundiza el problema social en la provincia.
