El proyecto de reforma laboral que envió el Gobierno, con el objetivo de que se apruebe antes de fin de año, contiene cambios impositivos para aliviar los costos de las empresas, a pesar de haber prometido una tributaria. En las últimas horas, entre los gobernadores del peronismo circuló un documento sobre el costo que tendría por lo que reciben por coparticipación. Y se preparan para tener una reunión el próximo martes al mediodía en capital para debatirlo.
Es que en el proyecto que envió el oficialismo a la Cámara de Senadores, entre otros cambios, propone modificar la escala para el pago del impuesto a las Ganancias de las sociedades. Para los Tramos 2 y 3, se pretende pasar de una alícuota del 30% a 27% y 35% al 31,5% respectivamente. “Esta baja de alícuota impacta en una menor recaudación del impuesto y, por ende, en una reducción de la coparticipación para las provincias”, alertó el flamante diputado por Entre Ríos, Guillermo Michel, quien calculó que el beneficio fiscal, del 0,3% del PBI, se concentra mayormente ”en solo 144 grandes empresas“.
Michel fue director general de Aduanas y mano derecha del exministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa. Se suma a la Cámara baja con un perfil técnico, por su formación de contador y abogado, dispuesto a discutir la letra chica de las propuestas del Gobierno.
Hoy, las empresas pagan el impuesto por tramos. Hasta $101,7 millones de ganancia neta pagan el 25% sobre esa ganancia (es decir, poco más de $25 millones) y estas componen el Tramo 1. Por más de $101,7 millones y hasta $1.016,8 millones pagan un fijo de $25 millones más el 30% sobre el excedente de $101,7 millones. Y si ganan más $1.016,8 millones, un fijo de $300 millones más el 35% sobre el excedente de $1.016,8 millones.
Pero con el cambio que propone el Gobierno y con base en las últimas estadísticas publicadas, de aprobarse, la propuesta del Gobierno solo beneficiaría a un puñado de empresas. Ya que de las 163.587 sociedades que presentaron la declaración jurada del impuesto, 146.257 sociedades, el 89,4% del total, estaban en el Tramo 1 (hasta $100 millones) y aportan el 7,9% del impuesto.
Mientras que en el Tramo 2, desde $100 millones y hasta $1.000 millones, presentaron 15.474 sociedades, el 9,5% del total y aportaron el 15,9% del impuesto. Y en el Tramo 3, más de $1.000 millones, 1.856 sociedades, solo 1,1% del total y aportan el 76,3% del impuesto.
“De estos datos surge una gran concentración. Solo el 1% de las sociedades determinan impuesto por más de $1.000 millones al año y ese mismo 1% representa el 76% de la recaudación del impuesto a las ganancias de sociedades”, comentó Michel. Y agregó: “Pero si se hace una apertura adicional, la concentración es aún mayor. Solo 144 grandes sociedades, el 0,1% de las sociedades que determinan impuesto por más de $15.000 millones al año, representa el 56% de la recaudación del impuesto”.
En otras palabras, para Michel, de aprobarse los cambios, los beneficios se lo llevarían 144 empresas. Lo que no se condice con el discurso que intentan difundir desde la Casa Rosada de que se trata de una reforma para bajar el “costo argentino”. En algunos sectores hay desconfianza del apuro del Gobierno por introducir cambios impositivos en la reforma laboral, aseguran que responde pedidos puntuales de ciertos empresarios.
En el proyecto de presupuesto 2026, que presentó el Gobierno en septiembre, se proyectaba recaudar por el impuesto $48,4 billones, 4,48 p.p. del Producto Bruto Interno (PBI). De ese total de $48 billones, un 29% responde a personas humanas y un 71% a sociedades. “La reforma que impulsa el gobierno va a reducir sustancialmente ese monto a recaudar. De $34,3 billones para sociedades se recaudarían $31,7 billones. Es decir, una baja proyectada de $3,1 billones equivalentes a 0,3 p.p. del PBI”, remarcó.
La experiencia con Massa
Lo que afectaría a los mandatarios subnacionales, ya que se trata de un impuesto que se coparticipa entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En un contexto en donde las arcas subnacionales están golpeadas por la caída en la recaudación -como consecuencia del nivel de la actividad- y el recorte en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Que se expuso en los proyectos que lograron sancionar -y luego fueron vetados- para coparticipar los ATN y el impuesto a los combustibles.
Pero los gobernadores ya cuentan con una experiencia reciente respecto a los cambios en Ganancias y los efectos que tienen en sus arcas. En la recta por la carrera presidencial, Massa impulsó un régimen cedular para el impuesto a las personas humanas. Y para convencer a los gobernadores, les prometió la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos. Que tras la derrota frente a Javier Milei luego quedó en la nada.
