El sector electrónico de Tierra del Fuego afronta una crisis marcada por caída de consumo, reducción de aranceles y la finalización inminente de un acuerdo laboral clave que pone en riesgo unos 1.000 contratos temporarios. A este escenario, que será debatido este viernes al mediodía en una reunión entre empresarios, sindicato y gobierno local, se sumó, en los últimos días, un pedido del gobernador Gustavo Melella a las grandes empresas del polo industrial local para que ayuden al fisco a pagar los aguinaldos de los 16.000 empleados que tiene la provincia.
En total, el Ministerio de Economía provincial pidió $20.000 millones a diferentes empresas en concepto de anticipo de la Tasa de Verificación de Procesos Productivos, que las firmas pagan mensualmente en función del valor de salida de la isla de los productos que producen. Las alícuotas varían, pero en el caso de las empresas de eléctrónica ronda el 1,8 por ciento.
El pedido, que despertó inmediata controversia, llegó después de que la provincia denunciara la falta de transferencias nacionales en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). “Fuimos una provincia castigada por el Gobierno. En dos años no recibimos ATN ni por casualidad”, afirmaron fuentes del Ejecutivo ante la consulta de este medio. Añadieron que, además de no recibir fondos extraordinarios, Tierra del Fuego tampoco consiguió la remisión de partidas específicas comprometidas mediante convenios para la construcción de viviendas, ni fondos de infraestructura, cuyos procesos de deuda pública tampoco contaron con aval nacional. “Todo proceso de deuda pública que iniciamos no fue aprobado por el Gobierno, cuando sí autorizaron a otras provincias”, detallaron las fuentes. Explicaron además que debieron redireccionar recursos corrientes hacia obras públicas y adelantaron que Vialidad Nacional les debe unos $800 millones.
A ello se suma una baja en la recaudación: mientras otros distritos cuentan con la percepción de impuestos inmobiliarios o automotores, en Tierra del Fuego esos tributos los recaudan los municipios. La provincia tampoco incrementó la tasa de Ingresos Brutos. Y recalcan que frente al descenso de actividad industrial este año, sancionó una norma en 2024 para que la tasa de verificación productiva reduzca progresivamente su impacto según el nivel de inversiones empresariales.
Las fuentes consultadas explicaron que la Tasa de Verificación de Procesos Productivos consta de distintas alícuotas aplicadas sobre el valor producido cada mes, y se destina a cubrir los costos de control y fiscalización de procesos en el parque industrial. En los últimos meses, los valores mensuales rondaron $6.000 millones para el caso de las electrónicas, por lo que el pedido a los industriales incluyó un adelanto equivalente a dos cuotas y media para diciembre, sin que hasta el momento exista una respuesta uniforme por parte de las empresas.
Qué pasará con el empleo en la isla
En paralelo al reclamo financiero, el acuerdo UOM-Afarte para mantener los empleos en las electrónicas atraviesa su tramo final. Según publicó Infobae este jueves, el convenio celebrado en mayo surgió en medio de un contexto de aranceles decrecientes para celulares, conflicto salarial y amenaza de despidos. Las partes lo prorrogaron para sostener el empleo ante la caída de consumo, la mayor oferta por importaciones y precios a la baja, sobre todo en segmentos como celulares, televisores y aire acondicionado.
Oscar Martínez, secretario general de la UOM Río Grande, advirtió que la continuidad de entre 800 y 1.000 contratos depende de una prórroga o de nuevas condiciones industriales para 2026. Martínez aseguró que la falta de previsibilidad productiva limita cualquier análisis sobre personal a futuro: “Las empresas operaron con sobrestock, las ventas se mantuvieron bajas y el consumo no mostró señales de recuperación”, remarcó.
Desde el sector empresario, reconocieron ante este medio la presión que representa el vencimiento del acuerdo a fin de diciembre y el ajuste operado en la plantilla por sobrestock, baja de ventas y el contexto de mayor importación y contrabando. Recalcaron que los contratos que vencen a fin de año son en su mayoría de naturaleza temporal, prorrogados tras la firma del acuerdo, y que los compromisos asumidos en 2025 buscaban evitar despidos inmediatos, mientras se evaluaban alternativas de eficiencia.
A nivel de empleo, el sector industrial sostiene unos 4.000 operarios efectivos, pero la magnitud de contratos en riesgo por la apertura comercial y la reforma laboral debatida en el Senado amplifica la preocupación sindical y de las propias empresas. La ministra de Trabajo y Empleo provincial, Sonia Castiglione, convocó a una nueva mesa de diálogo para analizar la continuidad productiva y laboral a la luz del vencimiento del acuerdo y la proximidad de la baja total de aranceles, cuyo último tramo rige desde el 16 de enero.
El encuentro, previsto para este viernes a las 12, prevé la participación de los principales directivos empresariales y representantes sindicales. Voces del sector empresario consideran que la reunión busca ejercer presión en el tramo final del acuerdo, dado que se trata de una instancia crítica para evitar despidos masivos y definir la reestructuración de los cuadros laborales.
En este contexto, la exigencia de la provincia a las empresas electrónicas para adelantar el pago de la tasa exacerbó tensiones entre las partes. Los industriales resaltaron la dificultad para afrontar anticipos en medio de la retracción productiva y la falta de certezas sobre el marco laboral y tributario de 2026.
