El Parlamento Europeo ha remitido el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que la corte revise su compatibilidad con los tratados comunitarios. En términos prácticos, esto supone la paralización de su proceso de ratificación hasta que los jueces dicten su conclusión.
Esta decisión llega apenas cuatro días después de la firma del acuerdo, celebrada este sábado en el teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay, lugar de nacimiento del Mercado Común del Sur (Mercosur)
Hoy miércoles, el Parlamento Europeo ha dado luz verde a una moción que cuestiona si el acuerdo, recién firmado, respeta los tratados de la Unión Europea. La moción se ha aprobado con 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones.
Así, se pone en duda la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto - con potencial, para varios diputados, de afectar a la autonomía regulatoria de la Unión Europea -; así como la base legal elegida para su aprobación, que permite la ratificación de los capítulos del acuerdo relacionados con el comercio sin requerir la aprobación de los parlamentos nacionales.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estima que este tipo de dictámenes suelen demorarse entre 18 y 24 meses. No obstante, el tribunal señala que “tiene el control total” sobre los procedimientos y “puede, cuando las circunstancias lo requieran, dar prioridad a una solicitud de opinión en la práctica”.
Algunas voces del Parlamento Europeo habían anticipado que la votación sería muy ajustada y desaconsejaron retrasar la ratificación del acuerdo mediante el envío del texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en un contexto marcado por las amenazas arancelarias de Donald Trump tras el despliegue de tropas en Groenlandia por parte de ocho países europeos. La Comisión Europea ha lamentado la decisión del Parlamento, ya que considera que la preocupación plateada por los eurodiputados ya ha recibido respuesta.
“Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento Europeo en esta moción no están justificadas porque la Comisión Europea ya las ha abordado de manera muy profunda con el Parlamento”, dijo Olof Gill, portavoz del Ejecutivo comunitario, sobre la decisión.
