Luego de la salida de Marco Lavagna como titular del Indec, el Gobierno postergó de manera indefinida la actualización de la canasta con la que se mide el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en el cual los servicios tienen mayor peso. En ese marco, el cambio habría implicado estimar una caída del poder adquisitivo del salario, considerando los fuertes aumentos en las tarifas principalmente durante 2024.
Según precisó la consultora LCG, corregidos por el índice de inflación con ponderadores actualizados, los salarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) mostrarían todavía un descenso de 1,6% desde noviembre 2023, en lugar de una suba de 2,6% medida en términos reales.
Al mismo tiempo, la consultora analizó otro motivo por el cual el Ejecutivo podría haber tomado la decisión de no hacer las modificaciones pendientes en la medición: “Podría incidir el hecho de que, en un año en el cual la presión sobre el compromiso fiscal sigue siendo elevada, reconocer una inflación más alta tendría impacto directo sobre el gasto sujeto a movilidad, que representa 48% del total del gasto primario, demandando un mayor ajuste en otras partidas”.
Sobre el nivel general puntualmente, el informe señaló que en el período comprendido entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, la inflación minorista calculada con ponderadores actualizados habría sido 14 puntos porcentuales más alta: 200% frente al 186% registrado con la canasta vigente
Casi 9 puntos de esa brecha se originaron en 2024, cuando los servicios —impulsados por la recomposición tarifaria y por divisiones que ganaron peso en la estructura de consumo de la ENGHo 2017/18— aumentaron muy por encima del promedio general (189% interanual frente a 118%).
También, de acuerdo a LCG, influyó el efecto del ancla cambiaria sobre los bienes transables, cuyos precios avanzaron apenas la mitad (96% interanual). Los 5 puntos restantes se explican por lo ocurrido en 2025.
“Mientras que en 2024 la inflación publicada por Indec fue del 118% medida a diciembre, en la versión corregida habría ascendido a 126%. En 2025, la brecha se acotó sensiblemente con registros de 31,5% y 32,7% anual, en cada caso”, concluyó la consultora.
El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que las discrepancias en torno a los tiempos de implementación del nuevo IPC estuvieron detrás de la salida de Lavagna. Además, señaló que el esquema de cálculo —previsto originalmente para debutar en febrero— quedará en suspenso “hasta que el proceso de desinflación esté plenamente consolidado”.
En la misma línea, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que la actualización se aplicará cuando la inflación llegue a cero. Desde Casa Rosada agregaron que la nueva medición habría arrojado una décima menos, pero remarcaron que no resulta metodológicamente apropiado introducir cambios en el sistema en medio de un proceso de desinflación aún en curso.
Cómo era el nuevo IPC
El cambio central en el IPC radicaba en la adopción de la canasta de consumo surgida de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, que reemplaza a la vigente desde 2004. La actualización busca reflejar con mayor fidelidad los patrones actuales de consumo.
Las variaciones más significativas aparecen en Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, cuyo peso pasa de 9,4% a 14,5%, lo que incrementa la incidencia de las tarifas de servicios públicos en el índice.
En Transporte, la ponderación sube de 11% a 14,3%, elevando la incidencia de combustibles y pasajes. Comunicaciones incrementa su participación de 2,8% a 5,1%, otorgando mayor peso a servicios de internet y telefonía móvil, mientras que Educación pasa de 2,3% a 3,1%, con mayor efecto de cuotas y servicios educativos.
Salud mantiene una participación relativamente estable, al pasar de 8,0% a 9,1%. En contraste, Alimentos y bebidas reduce su peso de 26,9% a 22,7%, lo que implica una menor influencia del sector agroalimentario, que había contribuido a la aceleración inflacionaria observada en el último tramo de 2025.
